Estudio revela caso paradigmático de exclusión de mujeres y niñas

Informe de DD.HH. UDP revela discriminación estructural y violencia del Estado contra movimientos sociales

La discusión -esta vez- estuvo centrada en dos grandes temas transversales: la segregación contra ciertos grupos vulnerables (pueblos indígenas, homosexuales y refugiados, entre otros) y los criterios, límites y formas en la utilización de la fuerza estatal contra de miembros de la comunidad.

 por El Mostrador

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El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó esta mañana la décima versión de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, centrando la discusión en dos grandes temas transversales: la discriminación o exclusión arbitraria contra ciertos grupos vulnerables, y los criterios, límites y formas en la utilización de la fuerza estatal contra de miembros de la comunidad.
En ese sentido, el estudio refleja las deudas que aún mantiene el país en materia de discriminación arbitraria en contra de pueblos indígenas, diversidad sexual, mujeres y niñas, y refugiados
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile constituye un ejemplo ilustrativo del modo en que el ordenamiento jurídico se aplica con parámetros discriminatorios y del modo en que la antigua legislación resultaba insuficiente para el tratamiento de la discriminación arbitraria en Chile. La promesa de la Ley Antidiscriminación aún no rinde sus frutos y constituirá un interesante objeto de análisis para futuros informes”, afirma la publicación.
El Informe también revela el caso paradigmático de discriminación estructural en contra de mujeres y niñas. En esa línea, se plantea  un escaso avance en temas relacionados con la obligación del Estado de eliminar las desigualdades en la participación de las mujeres en política, incluso  tras los últimos resultados electorales.
Además, el capítulo sobre pueblos indígenas dedica una sección al análisis del caso de doble discriminación en contra de una mujer indígena, Gabriela Blas, en que adquieren relevancia los estándares del Convenio 169 de la OIT.
En cuanto a los temas inéditos, se incluye una investigación sobre las condiciones de la población refugiada en Chile, como fenómeno emergente en nuestra sociedad. Otro de los capítulos novedosos desde la perspectiva de discriminaciones estructurales, lo constituye el relativo a empresas, medio ambiente y derechos humanos, que realiza un detallado estudio y análisis de la zona industrial de Quintero-Puchuncaví. Incluye por primera vez una evaluación de la responsabilidad empresarial por los derechos humanos, relacionado a empresas como Codelco, AES Gener y Puerto Ventanas.
Fuerza estatal y derechos humanos

El segundo gran tema que cruza el Informe es la violencia estatal, reflejada en los capítulos sobre política criminal; protesta social; violencia policial; justicia militar, y, finalmente,  verdad,  justicia y memoria (violaciones del pasado).
Este año, se dedica un capítulo especial a la violencia policial. “Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia”, se plantea.
En el capítulo sobre protesta social se analiza  la tramitación del Proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, conocido como “ley Hinzpeter” y se cuestiona la actual regulación administrativa de la protesta, “que sirve como fundamento para que las fuerzas de orden utilicen la fuerza policial, de manera frecuente, en contra de legítimos manifestantes”. Asimismo, se cuestiona la irreflexiva invocación de la polémica Ley de Seguridad Interior del Estado, “haciendo caso omiso de la responsabilidad política que involucra su ejercicio”.
El capítulo de justicia militar, en tanto, denuncia una vez más el incumplimiento por parte del Estado del fallo de la Corte IDH conocido como caso Pallamara —tras siete años de su dictación— y se centra en sus intentos de reforma según parámetros internacionales. Se recomienda trasladar esta iniciativa del Ministerio de Defensa al de Justicia. El capítulo política criminal y derechos humanos se enfoca en la crítica de una política pública penal insuficiente que “adquiere nuevos bríos a la luz de acontecimientos que han impactado en el debate público sobre la política criminal, en especial, los delitos de ‘cuello blanco’” (caso La Polar). Igualmente, “la permanente violación de derechos humanos producto de las condiciones carcelarias se erige como presupuesto fundamental de la discusión, elaboración y diseño de una política criminal respetuosa de los derechos humanos”.