Organismos
de Derechos Humanos, han mostrado su preocupación por la designación
presidencial de Juan Manuel Muñoz Pardo, como nuevo ministro de la
Corte Suprema .
Este juez es un reconocido pinochetista ,
partidario de las prescripciones, indultos y amnistías en favor de
criminales de lesa humanidad. En otras palabras, estamos frente a un
recalcitrante y reincidente infractor de los tratados sobre Derechos
Humanos suscritos por Chile.
Esto prueba otra grave inconsecuencia
de Piñera. Mientras premia a un contumaz violador de pactos
internacionales con el ascenso a la mayor magistratura nacional,
plantea, a reglón seguido, el respecto e intangibilidad de dichos
acuerdos – a propósito del litigio limítrofe con Perú. ¿A qué Piñera
debemos creer?
Para las víctimas , es bastante vejamen
que, Rubén Ballesteros Cárcamo, sea presidente del máximo tribunal ,
considerando que integró los consejos de guerra de la Dictadura, en
que se condenaron a civiles por su condición de opositores, los que,
además, fueron torturados.
No es menor que en la Suprema se
encuentre ejerciendo como villano invitado ( ministro suplente): Alfredo
Pfaiffer, enemigo declarado de los Derechos Humanos.
El Senado, debería rechazar la
nominación de Muñoz Pardo, si no quiere ser cómplice de las doctrinas de
impunidad que éste sustenta.
Nota Adicional:
Hoy, en la Cancillería , el gobierno
debe proceder al desagravio de la juez Atala. Esta reparación, fue
ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las
violaciones ejecutadas por el Estado Chileno – Corte Suprema – , en
perjuicio de ella y de sus pequeñas hijas . La paradoja es que este
mismo gobierno, y de manera simultánea, vuelve a ofender la
conciencia humanitaria de la comunidad internacional al nombrar a Muñoz
Pardo en la Suprema. No hay remedio.
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