Páginas vistas en total

lunes, 31 de diciembre de 2012

Caso Víctor Jara: A partir de este miércoles los militares (r) procesados quedarán detenidos

El magistrado explicó que "la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Derechos Humanos, está coordinando con el Ejército para que sean presentados a contar del miércoles, en lo posible todos".
Sólo el miércoles 2 de enero comenzarán a quedar bajo detención los militares en retiro procesados por el ministro en visita Miguel Vásquez, por el caso de la brutal muerte del cantautor Víctor Jara.

El magistrado explicó que "la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Derechos Humanos, está coordinando con el Ejército para que sean presentados a contar del miércoles, en lo posible todos".

La razón para la demora en el ingreso de los procesados al Batallón de Policía Militar en Peñalolén obedece a que varios de los encausados se encuentran en regiones, según indicó el propio magistrado. Además, está el caso de Roberto Souper Onfray, quien permanecería en una clínica para la tercera edad.

El viernes pasado, en una histórica resolución, el ministro Vázquez sometió a proceso a Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez como autores del homicidio.

Junto a Souper, quien fue procesado como cómplice, el juez Vásquez también encausó en la misma categoría a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf y Jorge Eduardo Smith Gumucio.

Queda pendiente además el caso de Pedro Barrientos, quien se encuentra residiendo en Estados Unidos. El ex militar fue encontrado en mayo por el programa En la Mira de Chilevision, pero éste desmintió haber sido el autor de la muerte de Víctor Jara, e incluso negó haber estado en el Estadio Chile.

Dirigenta estudiantil Camila Vallejo: "No puedo asegurar que apoyaré a Bachelet"

"Aquí al final los candidatos solos no te aseguran un acuerdo programático en política". Por ende, "no puedo asegurar que apoyaré a Bachelet cuando ella no está diciendo nada y no hay un programa en común".
La ex presidenta de la FECh y precandidata a diputada del Partido Comunista por La Florida, Camila Vallejo, dijo que su colectividad no ha definido aún el apoyo a una carta presidencial concertacionista, e indicó que el acuerdo parlamentario en el que se trabaja desde la oposición no "amarra" el apoyo a una carta presidencial común.

"Nosotros hemos dicho que no tenemos un candidato presidencial, ni Bachelet, ni José Antonio Gómez. Nuestro candidato es el programa y en eso hemos estado trabajando, por lo tanto aquí no hay un sin sentido", dijo Vallejo en una entrevista con el diario La Tercera.

La ex dirigente estudiantil consideró que hoy "es difícil opinar de Bachelet, (porque) tampoco ha dado muchas señales" y sus definiciones programáticas en áreas como la reforma al sistema binominal, reforma tributaria y unidad de la oposición "han sido muy al aire" y "no aseguran nada".

"Aquí al final los candidatos solos no te aseguran un acuerdo programático en política". Por ende, "no puedo asegurar que apoyaré a Bachelet cuando ella no está diciendo nada y no hay un programa en común".

"No estamos amarrados"

En sentido similar, Vallejo subrayó que las "definiciones" en el ámbito parlamentario "tienen diferencias con las presidenciales", por lo cual ambas no deben "amarrarse", como piden algunos en la Concertación.

"Si no tenemos acuerdo programático de Gobierno hoy, no podemos amarrarnos en ninguno de esos términos. Hay que separar aguas entre parlamentarias y presidenciales", expresó.

"Obvio que si se puede avanzar en cuestiones programáticas en las parlamentarias nos puede dejar en mejor pie para seguir avanzando, pero tampoco estamos amordazados. No estamos amarrados de manos con los acuerdos que se den en las parlamentarias para las presidenciales", sentenció la líder comunista, que defendió la eventual inclusión del PC en una próxima administración concertacionista.

Asesinos de Víctor Jara ahora tienen rostros, nombres y apellidos. Amigos recuerdan dramáticos detalles de su trágica muerte: "Le sacaron hasta las uñas"

Por Teresa Frías K.
Tras conocerse la resolución del la Corte de Apelaciones en la que se abre proceso contra siete ex militares por ser los responsables de la muerte del cantautor, ex integrantes de la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago, revelan los episodios compartidos con Jara y cómo fue su asesinato.
La última vez que Víctor Jara caminó en libertad fue por los pasillos y prados de la Universidad Técnica del Estado donde dictaba un curso de música en septiembre de 1973. El día del golpe militar había llegado temprano, cuando ya en el centro de Santiago, los tanques se estacionaban frente a La Moneda.

Cecilia Coll, del departamento de Cultura de la universidad recordó que el artista le pregunto "¿qué hacemos...? a lo que ella respondió: "Anima a los trabajadores y estudiantes con tus canciones".

Tras una noche de terror rodeados de soldados y ametralladoras unos 600 funcionarios fueron llevados al Estadio Chile como prisioneros de guerra. El abogado Boris Navia recuerda...

Jara era uno de los que caminaba en la fila de prisioneros.

-¡Así que vos soy Víctor Jara, el cantante marxista, comunista concha de tu madre, cantor de pura mierda! -gritó el oficial.

Navia rememora.

"Poco después a Víctor y a mí nos separaron de otros prisioneros y nos metieron en un pasillo frío. Estuvieron pegándonos desde las siete de la tarde hasta las tres de la madrugada. Nos encontrabamos tumbados en el suelo sin poder movernos. Estabamos aislados de otros presos políticos. A eso de las tres de la madrugada vino un teniente que me invitó a sentarme. Empezó a preguntarme sobre Allende y me tendió un cigarrillo. Fumé. Mientras tanto, Víctor seguía tendido en el suelo. Le entregué la mitad del cigarrillo, puesto que el teniente no quiso dar otro a Víctor.

"Casi tres días estuvimos juntos Víctor y yo en el Estadio de Chile. A nosotros casi no nos daban de comer. Engañábamos el hambre con agua. Víctor tenía la cara llena de moretones y un ojo cerrado por la hinchazón. Conversamos mucho en ese tiempo, Víctor me habló de su familia, de su mujer y sus hijas a quienes quería mucho, de sus espectáculos en el teatro y de las nuevas canciones que soñaba hacer...

Versiones de testigos señalan que a Víctor Jara le sacaron sus uñas con un alicate. Y uno de los oficiales actualmente presos, le pasó una guitarra y le dijo: "Canta ahora, toca ahora pus...c..t..m"

"En el mismo estadio donde nos tenían presos, a Víctor le habían aplaudido cuando ganó el concurso de la Nueva Canción Chilena en el festival. Víctor se mostraba pesimista respecto a su destino. Pensaba que no saldría de allí. Traté de animarlo. Aunque presentía su próxima muerte, seguía siendo el de siempre. Se portaba con valor, con dignidad, no pedía gracia a sus torturadores...

"El estadio, que daba cabida a cinco mil personas, estaba repleto. Para dominar a los prisioneros, por la noche cegaban con potentes reflectores. Ametralladoras pesadas sobre trípodes apuntaban a las graderías llenas de gente para amedrentar a los prisioneros.

"Pronto empezaron a trasladar urgentemente a los prisioneros al Estadio Nacional donde a los militares les era más fácil controlar la situación. En el último grupo formado para ir al Nacional estábamos Víctor y yo. En total éramos unas cincuenta personas. De pronto apareció el comandante Manriquez, recorrió la fila y ordenó salir a Víctor Jara, Litré Quiroga, conocido jurista, director de Prisiones, hoy Gendarmería, comunista, y a mí.

-Llévenlos abajo -dijo. Abajo nos esperaba la muerte

"Yo sabía que ‘abajo' nos esperaba la muerte. Allí tenían habilitada una cámara, en lo que había sido guardarropa y varios baños. Muchos de nuestros compañeros fueron llevados allí, pero nadie volvió. Una vez que me condujeron al interrogatorio y, al pasar, vi un montón de cadáveres, de cuerpos masacrados y desmembrados. Luego sacaban los cadáveres en camiones y los dejaban tirados en la calle". ‘Abajo' nos metieron a Víctor y a mí en un mismo baño. En el baño vecino estaba Litré Quiroga. Víctor y yo comprendimos que no teniamos salvación: éramos los últimos prisioneros del Estadio Chile. Pero inesperadamente se dio la orden de que yo saliera. Víctor y yo nos despedimos en silencio, con una sola mirada".

Cerca de las festividades patrias, el 15 de septiembre, Víctor Jara, es asesinado. Testigos hay muchos. Conscriptos, civiles y otros militares que ya han dado su versión a la justicia. Los relatos coinciden en que tras morir fue rematado a balazos al parecer por orden de "El Príncipe", tarea que debieron cumplir concriptos a su cargo, todos jóvenes de 18 a 20 años, sin mayor experiencia militar. Tenía más de cuarenta tiros en su cuerpo.

Luego el cuerpo fue arrojado cerca del Cementerio Metropolitano, en el sector sur de Santiago, en lo que hoy es comuna de Lo Espejo, junto a otros dos prisioneros. Manos caritativas lo trasladaron a todos al Servicio Médico Legal (SML). Allí, un empleado reconoció al cantautor y avisó a su mujer Joan. En medio de un silencio cómplice, los pocos que se atrevieron llegaron a pedir la entrega del cuerpo que fue puesto dentro de un humilde y rústico cajón. Desde el SML un triste cortejo se dirigió a pie hasta el Cementerio General quedando sus restos mortales en un nicho casi ignorado por todo el tiempo que Chile vivió bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Al fin la verdad a punto de saberse

El relato de esos trágicos días volvió a la actualidad luego que el juez Miguel Vásquez procesó a siete ex oficiales del Ejército como responsables del asesinato del cantautor. La resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, a más de 39 años después del crimen, incluye a siete militares que eran tenientes en esa época y estaban a cargo de centenares de prisioneros confinados en el Estadio Chile.

Los autores materiales del homicidio calificado fueron identificados como Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez. Los cómplices son Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf.

Para quienes compartieron con Víctor Jara mientras el cantante era funcionario de la Universidad Técnica del Estado (UTE) coinciden en que se está cerrando un proceso que duró años.

Uno de ellos es el ex senador Ricardo Núñez, quien fuera secretario general de la universidad en los momentos del golpe militar. En diálogo con
Cambio21 calificó como una "excelente noticia" el que se haya identificado a los que mataron a Jara, agregando que "al fin se haciendo justicia con el crimen del cantante. Esperamos que nadie quede impune en este tema".

A ello agrega que "lo conocí (a Jara) en la universidad Técnica del Estado. El era funcionario al mismo tiempo en que yo estaba a cargo de la secretaria general. No solo tenía una capacidad artística, de creatividad, de liderazgo de una nueva corriente artística con Quilapayún e Inti-Illimani, sino que también tuvo la capacidad de llevar la música a todos los rincones".


"Me recuerdo perfectamente de lo preocupado que era por hacer conciertos en lugares olvidados", menciona el ex parlamentario. Además recuerda que al momento de la detención de los funcionarios de la UTE, él "estaba en la casa central cuando a Jara lo tomaron detenido. Nunca supe de su muerte hasta que empezaron a llegar al Estadio Nacional (donde estuvo detenido Nuñez) gente que venía del Estadio Chile y que informó de la tortura que recibió".


"Esta resolución es una responsabilidad de toda una generación, de pagar la deuda con tantos hombres y mujeres que entregaron su vida en el golpe, de aquellos que con creatividad quisieron hacer de Chile una sociedad mejor", puntualiza Núñez.


Quienes acompañaron a Jara

Para algunos el Estadio Chile, donde estuvo detenido y fue asesinado el cantautor, tiene un significado especial. Aquel que les recuerda uno de sus momentos más crueles y humillantes: detención y torturas.

El recinto comenzó a funcionar como centro de detención y torturas el día 12 de septiembre de 1973, con el trasladado de los primeros 600 prisioneros políticos procedentes de la Universidad Técnica del Estado (UTE), actual Universidad de Santiago.


Aquel episodio es recordado por Sergio González Montenegro, quien fue jefe del departamento de Ciencias Sociales de la UTE. Para él "es un alivio que después de tantos años se haya identificado a estas personas (los asesinos), ojalá se les castigue como corresponde y no vaya a ser que declaren que el caso como prescrito y quede en nada. De alguna u otra manera resulta gratificante esta situación judicial".

"Compartí bastante con él, hablamos en muchas ocasiones sobre todo porque compartíamos gustos por la música y además que pasaba harto tiempo en la UTE porque estaba a cargo de un curso de música", relató González Montenegro a
Cambio21.

Por último recuerda que "uno piensa que esto se pudo haber hecho antes, quizás no era necesario que pasaran más de 30 años para resolver al menos quienes mataron a Jara. Tengo la certeza que la gente que dirigía la tortura estaba plenamente identificada".

También quiso entregar su relato Federico Montecino, quien fuera docente en la carrera de Castellano de la UTE. "La decisión que están tomando, y que seguramente terminarán con todas las querellas que existen en forma gradual, es muy importante sobre todo para los que vivimos ese doloroso momento".


"En los actos de conmemoración posterior al golpe de Estado estuvimos compartiendo en la Universidad los que formamos parte de aquellos años junto al monolito de Jara", expresa el ex funcionario.


Sobre el día de la detención y la tortura del cantautor, Montecino relata que "hubo comunicación muy especial para saber sobre cada detenido. Jara fue atacado por personal del ejército. Lo golpearon en las muñecas, en los dedos, le sacaron las uñas y ese fue solo el comienzo".


Ahora los familiares de Víctor Jara podrán, finalmente, descansar. Sus asesinos ya tienen nombres, apellidos, rostros y la Justicia cumplirá nuevamente con el viejo adagio: "Tarda pero llega".

sábado, 29 de diciembre de 2012

Se acaba uno de los últimos símbolos de la dictadura: tribunales aceptaron la idea de terminar con el nombre de Avenida 11 de Septiembre en Providencia

Por María Kovacz
Cambio 21 conoció en exclusiva que la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, antes de que fuera electa para este cargo, había presentado un Reclamo de Ilegalidad contra el ex alcalde y ex agente de la DINA Cristián Labbé por negarse esta autoridad a cambiar la denominación de una vía urbana de la comuna que conmemora la fecha del Golpe de Estado de 1973. Hoy los tribunales aceptaron con un "Téngase presente" la idea de no concurrir a alegar en defensa del nombre actual de la Avenida 11 de Septiembre
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recibió como un "Téngase Presente" de la Ilustre Municipalidad de Providencia, donde comunica que no concurrirá a alegar en defensa del nombre actual de la Avenida 11 de Septiembre, como se preveía que lo iba realizar el ex alcalde y ex vocero de la dictadura, Cristián Labbé (UDI).

Lo anterior se debe - según se afirma en la comunicación al tribunal- a "que esta administración, encabezada por su Alcaldesa María Josefa Errázuriz, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y previa consulta a los entes y organismos competentes, que incluyen al Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Honorable Concejo Municipal de esta Municipalidad, buscará realizar el cambio de nombre de la actual Av. 11 de Septiembre, objeto de este recurso"

La alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, antes de que fuera electa para este cargo de representación comunal, en conjunto con el historiador y ex director de la Dirección de Organizaciones Civíles, Francisco Estévez, habían presentado un Reclamo de Ilegalidad contra el ex alcalde Cristián Labbé por negarse esta autoridad a cambiar la denominación de una vía urbana de la comuna que conmemora la fecha del Golpe de Estado de 1973.


Al asumir como alcaldesa de Providencia, Errázuriz se desistió de continuar siendo parte de esta causa para no inhabilitarse en el cargo edilicio, si bien el recurso judicial continúa vigente en representación de Francisco Estévez, que encabeza la iniciativa de "desmonumentar" la dictadura", junto al Círculo de Políticas Participativas y líderes vecinales de la Comuna de Providencia.


La Sexta Sala escuchó el alegato del Abogado Héctor Valladares, integrante de Asesorías Ciudadanas del Instituto Igualdad, quien resaltó ante los ministros integrantes que la mantención del nombre Avenida 11 de Septiembre implica aceptar la continuidad simbólica de la dictadura pinochetista en un país que se proclama constitucionalmente como una república democrática. Los ministros de la Corte resolvieron dejar la redacción del fallo en acuerdo, y no se pronunciaron públicamente acerca de cómo votaron este recurso.


Francisco Estévez además reveló a Cambio21 que el nuevo nombre de la calle será "parte de un proceso ciudadano, siguiendo el estilo de Josefa, ese estilo participativo de la gente", agregando que "está claro que la administración anterior jamás tuvo voluntad para hacer algo así".

Además el ex director de la Dirección de Organizaciones Civíles explicó que "igual existen algunos nombres y el apoyo hacia ellos ha sido altísimo. Tenemos la idea de "Nueva Providencia", además los estudiantes del Liceo Lastarria propusieron "José Victorino Lastarria", y por último como en esa avenida está la embajada sueca tenemos en mente ponerle "Harald Edelstam" quien fuera uno de los defensores acérrimos de los derechos humanos.

Por último Estévez aseguró que "esperamos que todo este listo antes que se conmemoren 40 años del golpe militar, y esa fecha es el próximo 11 de septiembre. Así que estamos confiados en que este será un gran regalo para quienes viven en la comuna y para todos los que estuvieron y vivieron el golpe militar".

SEGUNDO COMUNICADO ASOCIACIÓN DE REPORTEROS INDEPENDIENTES (ARI)

Iván Roberto Santana Gallardo detective infiltrado

A nuestros compañeros y amigos en lucha:

El 20 de diciembre recién pasado, la revista electrónica Factor Absoluto publicó una denuncia que afecta al fotógrafo Iván Roberto Santana Gallardo, quien en realidad se trataría de un oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI. El individuo habría comenzado a operar como “fotógrafo independiente” cubriendo manifestaciones, en calidad de integrante de un supuesto colectivo revolucionario llamado “Pueblo en Guerra”. En la denuncia de Factor Absoluto, aparecen fotografías del sujeto incluso actuando encapuchado y en compañía de otros fotógrafos y reporteros independientes a quienes logró convencer que se trataba de un militante de izquierda vinculado al colectivo mencionado.

En un anterior comunicado nuestro sindicato aclaró que el sujeto en cuestión no pertenece a nuestras filas y tampoco las personas que aparecen en su compañía.

Como reporteros y fotógrafos independientes, de larga y conocida trayectoria, repudiamos enérgicamente al detective Iván Roberto Santana Gallardo. Su actuación sumada a la de otros miembros de organismos policiales y de “inteligencia” está colocando en serio riesgo a las decenas de verdaderos fotógrafos de todo tipo de medios que cubren manifestaciones públicas. Si algún reportero, fotógrafo o camarógrafo sufre la agresión de los manifestantes, de ahora en adelante deberá concurrir a protestar a las puertas del cuartel general de la PDI., responsabilizando a esa institución y a su funcionario Santana Gallardo, por las agresiones, pues la maniobra que efectuaron no fue solo para “obtener información” y tratar de identificar a “encapuchados”, sino también incentivar la desconfianza y la paranoia entre las organizaciones en lucha y socavar el legítimo derecho a la información y a la libertad de prensa.

Convocamos a todas las organizaciones sociales y que agrupan a fotógrafos y medios independientes, como también a los profesionales de la prensa como el Colegio de Periodistas, la Unión de Reporteros Gráficos y los sindicatos de trabajadores de los canales de televisión, a repudiar esta maniobra, exigiendo explicaciones al director de la PDI, por una actuación que incrementa aún más los riesgos que afectan a los profesionales en el ejercicio de su labor.

Instamos también a los institutos y escuelas de fotografía a que entreguen credenciales autentificadas a sus estudiantes y se hagan plenamente responsables de que quienes las portan son efectivamente alumnos y no personas “aparecidas” y ajenas al trabajo académico.

Fuente: www.sindicatoari.cl

viernes, 28 de diciembre de 2012

Chadwick y la violencia en el sur (Opinión de José Araya OC)












Chadwick y la violencia en el sur

El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, viajó por segunda vez a la Araucanía, ahora para presentar acciones legales por nuevos atentados ocurridos el domingo 23 de diciembre recién pasado.  La reacción del gobierno frente a estos recientes ataques a agricultores evidencia los limitados argumentos que tiene sobre el conflicto en el sur, haciendo imputaciones que avanzan en señalar responsabilidades sin existir aún investigación de los hechos, al declarar que se estaría ante un grupo aislado, que no representa el sentir del pueblo mapuche, y que al gobierno no le temblará la mano si hay que usar la ley antiterrorista.  Señala además que enfrentaríamos a un “enemigo poderoso” –que la Ministra Cecilia Pérez rebajó a delincuentes y cobardes-, que gozaría de apoyo político, comunicacional e internacional.

Peor aun el Intendente de la Araucanía, Andrés Molina, siguiendo la misma línea aprovecha las circunstancias para insistir en su reiterada denostación a quienes, desde la sociedad civil, apoyan a los mapuche, y en culpar al poder judicial por la libertad de comuneros de este pueblo que, según él, debieran estar presos. Todas estas declaraciones de las autoridades son repudiables, pero la verdad, no dicen nada nuevo. Y la pregunta es, qué mas puede hacer este gobierno y el Ministro Chadwick sobre un conflicto que no comprenden del todo

El cierre de estas reacciones fue convocar ayer jueves a una nueva “Cumbre de Seguridad”, esta vez en La Moneda (la anterior fue en el sur) para abordar estos últimos hechos de violencia.  A la salida, el ministro Chadwick aseguró que “vamos a hacer todas las acciones para que no exista impunidad en nuestro país”.

Si recordamos, en junio pasado el Ministro Chadwick, como vocero del gobierno,  aseguraba que “no volvería a apoyar una situación en que tuviese conciencia de la violación a los derechos humanos”, en referencia a lo ocurrido durante la  dictadura militar.  Él, como muchos otros que hoy participan del gobierno, se distancian de ese pasado violento, aunque siguen defendiendo un legado que consideran plausible, más allá de los horrores vividos. Pero cuánto tiempo le costará al ministro tomar conciencia de la impunidad que se impone en la Araucanía hace años, donde las vulneraciones a los derechos humanos del pueblo mapuche se vienen practicando por el estado en forma directa, instigándola o consintiéndola. Si de verdad quiere enfrentar la impunidad en esta zona, deberá hacer primero un nuevo ejercicio para entender algo más complejo y oculto en la histo ria de nuestro país.   

El relato de una joven de la familia Pío Seco visitada por el Ministro y afectada por el asalto y la quema de su casa en el Fundo Santa Isabel, podría ser el relato de una joven mapuche durante la “pacificación de la Araucanía”, o del siglo recién pasado en los numerosos episodios de despojos de familias que vieron arden sus rucas y todos sus enseres, o de la cacería que hicieron colonos luego del golpe militar al amparo de una dictadura, o de un reciente allanamiento policial donde los niños deben salir de sus hogares con una pistola apuntándoles a la cabeza, y viendo como sus padres y abuelos son tratados en forma grosera y muchas veces golpeados.

Varios de los jóvenes mapuche que hoy han sido encarcelados y a los cuales se les ha aplicado la ley antiterrorista, se criaron conociendo estas historias familiares de despojo y violencia, y hoy transitando caminos donde el control policial y el trato discriminatorio se volvió una rutina.  Y ha sido gracias al apoyo político, comunicacional e internacional -que el Ministro Chadwick criminaliza en sus declaraciones- que la situación de violación de derechos que sufre el pueblo mapuche es una preocupación amplia de numerosas organizaciones en Chile y el exterior, y de Naciones Unidas.  La violencia debe ser rechazada ampliamente, de eso no cabe duda, pero la violencia que experimentan los mapuche no es la misma que ve el Ministro en sus visitas a terreno. 

Luego de las cruentas experiencias vividas en Chile hace 40 años con el golpe militar, ninguna familia debiera sufrir un ataque como éste o similares.  Ningún niño debiera ver la violencia que los niños mapuche deben experimentar; nadie debiera recibir un disparo en la noche por encapuchados, ningún policía debiera matar impunemente. 

Los primeros informes sobre las violaciones a los derechos humanos de personas del pueblo mapuche en los noventa fueron considerados exagerados por algunos en la capital.  Desde la aplicación de leyes especiales y la persecución que el gobierno inició en los años 2000 con las herramientas punitivas con que cuenta el estado, tan cuestionables como la ley antiterrorista, la violencia no ha cesado y más aún, ésta se ha profundizado.

La violencia no se puede validar como una forma de enfrentar o frenar los derechos de un pueblo.  El Ministro criticó duramente los atentados, pero se moderó para responder a agricultores, como Orwel Casanova, quien le pone plazos al gobierno y anuncia una cacería.  Algunos agricultores piensan que el problema es simple, o el estado caza a los terroristas con las reglas del estado, como se hizo antes, o ellos se van de cacería.  Hay que recordar que en julio, el ministro Hinzpeter, aseguró comprender al ministro de Agricultura, Luis Mayol –quien, es bueno precisar, viene de la Sociedad Nacional de Agricultura- que dijo que entendía a los agricultores que se armaban para defenderse.  La Fiscalía investiga al agricultor Jorge Tremer, a quien “se  le encontró algo similar a un arsenal de guerra”, según el fiscal Raúl Espinoza, y está en libertad.  Por s u parte, el diputado de la zona Germán Becker, llama a declarar estado de sitio en la región.  Un ambiente que alimenta la violencia y la impunidad, y que alimenta también las suspicacias sobre quiénes se benefician con este clima en el sur.

El informe 2012 del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuestiona la existencia de leyes, políticas y prácticas que responden a un modelo de seguridad ineficaz. La seguridad democrática, como expone este informe, implica reconocer y hacer valer, entre otros, los derechos de los pueblos indígenas. Un ejercicio complejo, pero donde lo sensato es avanzar.  Compresible o no para todos, los derechos del pueblo mapuche, así como los de otros pueblos originarios, son una realidad que permean la conciencia universal, el derecho y generan nuevas relaciones. Reconocerse multicultural implica hoy hacerse cargo de un pasado y de una memoria.

Por eso el ministro Chadwick, que toma conciencia de algo que ocurrió hace poco tiempo en nuestra historia, tiene una oportunidad en este aprendizaje de valorar los derechos humanos.  Partir por entender que  aún investigando delitos hay derechos que respetar y que el debido proceso -sin ceder a las presiones y justificar la justicia por mano propia- debe primar; pero por sobre todo hay derechos que restituir y un nuevo clima que crear para desarrollarlos.  Por lo pronto, una medida a tomar es reemplazar al Intendente de la Araucanía, Andrés Molina, que nos recuerda la era Hinzpeter. Si de verdad el gobierno quiere hacer algo para enfrentar este tema de una manera distinta debe ubicar en puestos claves a personas con una mejor compresión y disposición, y por lo menos usar el mismo tono para quienes urgen por más represión.

Tomar conciencia de lo que ocurre en el sur no es solo tarea para el ministro Chadwick.  Más seguridad (con la clásica, del enemigo incluido), nuevas mesas de diálogo o planes regionales no sirven de mucho, si los temas que completan esta historia no están sobre la mesa.  La comunidad y la sociedad civil pueden hacer más por crear espacios de comunicación y diálogo, para que así la violencia no sea el centro de este tema, y para que el estado renueve su forma de mirar y enfrentar este desafío en el sur.


José Araya Cornejo
Coordinador Programa de Ciudadanía e Interculturalidad
Observatorio Ciudadano
28 de diciembre de 2012

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLITICOS



                                          Declaración Pública


La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos expresa su satisfacción por la identificación y sometimiento a procesos de los autores del despiadado asesinato de Víctor Jara, querido cantautor e incansable luchador social. Esta acción judicial viene constatar lo que siempre se ha afirmado por parte de los familiares de Víctor Jara y por las organizaciones de derechos humanos: él fue asesinado por militares que lo tenían apresado en el Estadio Chile.

Casi 40 años después de acontecido el deleznable crimen, reafirmamos nuestras más profundas convicciones: el golpe de estado fue un acto de traición a la patria cometido al margen de toda legalidad por criminales que usurparon el poder en el Estado y las Fuerzas Armadas; desde el primer día los tribunales de justicia tuvieron la obligación de hacer justicia identificando a los culpables y condenándolos a penas acordes con la gravedad de sus delitos. Reafirmamos también que nuestros familiares, compañeros y compañeras, eran luchadores sociales que fueron asesinados por sus convicciones políticas por una sociedad mejor, sin que hubiera prueba alguna de haber participado en ilícitos sancionados por la leyes existentes, ni en ese momento ni ahora. Víctor Jara, al igual que todas las víctimas del terrorismo de estado, murió con la frente en alto y con la dignidad de un ser humanos que entregó lo mejor de sí por sus hermanos y hermanas de clase. Ello es tan evidente que hasta hoy, y cada vez con mayor claridad, su memoria ilumina el camino de nuevas generaciones que se movilizan abriendo las anchas alamedas que el Presidente Mártir Salvador Allende anunció en sus últimas palabras.

Con esta convicción ética llamamos a la sociedad chilena y a la comunidad internacional a participar activamente en la lucha por la verdad y la justicia, contra la impunidad en Chile; los convocamos a llenar de movilización la conmemoración de los 40 años del golpe de estado, a llenar los rincones de Chile de memoria, a llegar a los confines del mundo con nuestro “Nunca Más” que llene de oprobio a los golpistas, torturadores y violadores de los derechos humanos de ayer, de hoy y del futuro. Víctor Jara y todos nuestros familiares merece esto y mucho más.

Rompiendo la Impunidad
                                                            Verdad, Justicia y Memoria

Justicia procesó a ocho ex militares por asesinato de Víctor Jara

La decisión fue tomada por el ministro en visita Miguel Vásquez.
El cantante fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 con 44 impactos de bala.
 
 
El ministro en visita Miguel Vásquez determinó procesar y detener a ocho ex militares como autores y cómplices del homicidio calificado del cantautor Víctor Jara, tras el golpe militar en 1973.
Entre los involucrados están los ex oficiales Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez, ambos en calidad de autores del homicidio calificado, además de los ex oficiales Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf, estos últimos en calidad de cómplices, a quienes se sumó Jorge Eduardo Smith Gumucio tras una corrección a la resolución original.
"Más que todo es la recopilación de antecedentes, desde un principio ha habido distinas líneas de investigación y ha sido fundamentalmente la falta de colaboración, y luego de reunir muchos antecedentes hay un momento en que uno debe poner término a esa investigación o tratar de avanzar dictando esta resolución", afirmó Vásquez sobre esta decisión.
El magistrado ordenó la captura internacional de Barrientos, quien se encuentra en el estado de Florida en Estados Unidos, y que negó su vinculación con el hecho en un programa de reportajes durante el presente año.
En tanto, despachó órdenes de detención en contra de los otros siete procesados para que ingresen al Batallón de Policía Militar N° 1 "Santiago" del Ejército de Chile para asegurar su comparecencia.
La resolución
En su resolución el juez hace un relato de los hechos desde el 11 de septiembre, jornada del golpe militar, cuando la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE) -actual Usach- fue sitiada por personal del regimiento Arica del Ejército y el posterior traslado hasta el Estadio Chile de los docentes detenidos en ese lugar, entre quienes estaba Víctor Jara.
Según consigna el ministro Vásquez, "entre los días 13 y 16 de septiembre de 1973 se desarrollaron interrogatorios al interior del entonces Estadio Chile -que ahora lleva el nombre del cantante-, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales o administrativos previos, algunos de los cuales fueron practicados por personal de la segunda fiscalía militar de la época, entre los cuales fue interrogado Víctor Jara".
El 16 de septiembre se procedió al traslado de todos los detenidos, con excepción de Jara y Littré Quiroga, oportunidad en la que el cantautor fue derivado hasta el subterráneo del lugar siendo asesinado con 44 impactos de bala, según precisa el informe de autopsia, y posteriormente arrojado su cadáver en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano.

Archivos Adjuntos:

jueves, 27 de diciembre de 2012

Saludo fin de año Villa Grimaldi






CORPORACION PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDIAv. José Arrieta # 8401 - Peñalolén - Tel. (56-2) 2925229
villagrimaldi@villagrimaldi.cl - www.villagrimaldi.cl

Talca: carabinero de civil y ebrio fue detenido desnudo en baño

Talca: carabinero de civil y ebrio fue detenido desnudo en baño 

Clientes de servicentro lo sorprendieron, lo redujeron y entregaron a la policía. Fiscalía local lo formalizó por desórdenes públicos y faltas a la moral y las buenas costumbres. Pertenece a una unidad de Villa Alegre.

Un carabinero de civil fue detenido luego de ser sorprendido completamente desnudo en un baño público de una estación de servicio de la Ruta 5 Sur, al norte de Talca, según informó Radio Bío Bío.

El fiscal de Talca, Oscar Salgado, dijo que el uniformado pertenece a una unidad policial de la comuna de Villa Alegre y que fue sorprendido y reducido por clientes del servicentro Pronto Copec, de San Rafael.
El sujeto fue entregado a personal policial y luego la Fiscalía de Talca lo formalizó por desórdenes públicos y faltas a la moral y las buenas costumbres.
La fiscalía suspendió temporalmente el proceso, después de que el imputado reconoció los cargos. El tribunal dejó al policía sujeto a las medidas de firma mensual en la fiscalía y prohibición absoluta de ingresar a ese servicentro.

DDHH: Se jubila el juez que indagó casos Prats, Villa Grimaldi y Tejas Verdes

DDHH: Se jubila el juez que indagó casos Prats, Villa Grimaldi y Tejas Verdes
La Nacion.cl

Alejandro Solís, emblemático magistrado de causas de Derechos Humanos, deja la carrera judicial tras 45 años. También tuvo en sus manos la indagación por las inhumaciones ilegales en el Patio 29 y los errores de identificación del SML.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís Muñoz, puso fin este jueves 27 de diciembre a su carrera judicial  luego de 45 años de trayectoria.
Durante su carrera, Solís tuvo en sus manos la investigación de múltiples causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto  Pinochet, dictando un total de 42 condenas en este tipo de procesos.
A Solís le correspondió indagar los crímenes de Carlos Prats y Sofía Cuthbert, las violaciones de DDHH en  Villa Grimaldi y otros centros de detención clandestinos, además de los casos de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez (primera condena por violaciones a los derechos humanos de la Corte Suprema);  Diana Arón, Lumi Videla Moya y Dagoberto Pérez Videla.
También indagó los casos de Luis San Martín Vergara, Jacqueline Binfa, Chihuio, Liquiñe;  Jaime Robotham y Claudio Thauby; las torturas practicadas en el campo de prisioneros de Tejas Verdes; las torturas de la CNI al diputado Sergio Aguiló, y el "Montaje Rinconada de Maipú".

PATIO 29

El ministro Solís asumió también desde 2009 la investigación por las inhumaciones ilegales en el Patio 29 del Cementerio General, y los errores en las identificaciones realizadas por el Servicio Médico Legal (SML).
Así, debió informar luego de pericias realizadas en el extranjero a los familiares de las identidades de 51 personas.

TRAYECTORIA

El ministro realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional y los universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Juró como abogado, el 5 de junio de 1967, ante la Corte Suprema.
Ingresó a la judicatura, en 1968, en el Juzgado de Indios de Nueva Imperial. Luego ejerció funciones como juez de Letras en Carahue (1969), San Carlos (1970 a 1972), San Fernando (1973 a 1976), relator de la Corte de Apelaciones de Santiago (1976-1981) y juez del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, entre 1981 y 1993.
En junio de 1993, asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que ostentó hasta hoy, que cumplió la edad límite legal para permanecer en el cargo.
En el ámbito académico, fue profesor de Derecho Penal en la Universidad Andrés Bello (entre 1993 y 1995); y profesor de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, en 1992.

 

Sindicato mundial aboga por la ANEF y despidos ante Piñera

Sindicato mundial aboga por la ANEF y despidos ante Piñera
La Nacion.cl

Raúl de la Puente llevó a La Moneda carta de la Internacional de trabajadores públicos, que congrega a 25 millones de estos funcionarios, en que se quejan por “despidos masivos” y piden respetar acuerdos firmados.

Una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera de parte de la Internacional de Servicios Públicos (PSI, por su nombre en inglés), en que le exigen honrar compromisos relacionados con los despidos, dejaron este jueves en La Moneda, los dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).  
El presidente de esta organización, Raúl de la Puente, encabezó la entrega de la misiva en la sede de Gobierno y resaltó que apunta al “no cumplimiento de los acuerdos” y “las persistentes violaciones de los tratados internacionales”.
La ISSP señala en la carta que “a pesar de las anteriores observaciones al gobierno de Chile de esta internacional por estas prácticas arbitrarias instaladas por su gestión, una vez más nuestras afiliadas nacionales denuncian la reiteración de despidos masivos”.
Indica que esto ocurre “con el agravante, en esta ocasión, que se produjeron inmediatamente después de firmado con los trabajadores un Protocolo de acuerdo de protección a la estabilidad laboral, el que en menos de veinte y cuatro horas fue vulnerado por su administración”.
En alusión a los argumentos de Chile en el litigio marítimo con Perú en la Corte de La Haya, la organización le indica a Piñera que “así como su gobierno exige que en cortes internacionales se respeten los acuerdos firmados, de la misma manera exigimos de su parte que se respeten los acuerdos firmados con los trabajadores y respaldados por convenios internacionales, en especial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

ALERTA POR UNOS 800 TRABAJADORES

La última queja pública de la ANEF junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fue la del 9 de diciembre en que señalaron que con motivo del fin de año en diferentes niveles del Estado se están produciendo "despidos injustificados" de unos 800 trabajadores en todo el país.
De la Puente dijo que “esto es una prueba más del apoyo internacional que los funcionarios públicos chilenos tenemos, no es la primera vez que el estado chileno está siendo cuestionado por organismos internacionales, sobre todo en esta administración, por el no cumplimiento de los acuerdos, y por las persistentes violaciones de los tratados internacionales”.
El representante agregó que “si como estado violamos permanentemente los acuerdos y tratados, con que moral exigimos a la comunidad internacional que respeten los tratados internacionales firmados”.

 

miércoles, 26 de diciembre de 2012

LA GRAN MENTIRA DE LOS NEXOS MAPUCHE-FARC: LOS COSTOS DE POLITIZAR LA SEGURIDAD


Andrés-Chadwick-
Por PanoramaNews
 “Es posible que las actuales autoridades se dejaran llevar por la impaciencia y la frustración al constatar que los tiempos políticos no iban a la par con los de la Justicia, pero eso normalmente es así y no justifica el cúmulo de desprolijidades exhibidas en este proceso. La raíz del problema radica en un pecado de origen del actual gobierno y de la derecha en general, que es haber politizado la seguridad y, paralelamente, “segurizado” la política”
- “El legajo, proporcionado por el entonces Presidente Álvaro Uribe, rondó el discurso piñerista por un tiempo, confiriéndole credibilidad a los documentos y fotografías. No obstante, éstos carecían de respaldo digital, haciendo imposible comprobar su veracidad y coincidiendo con similares entregas a otros países latinoamericanos, donde la supuesta información fue finalmente asociada a una operación de inteligencia del gobierno de Colombia”

Por Luis Marcó R, Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) 2004 – 2010

La investigación por los diversos bombazos ocurridos estos últimos años, la mayoría de los cuales iban acompañados de panfletos con consignas o referencias anarquistas, ha enfrentado la complejidad de establecer responsables que no pertenecen a estructuras orgánicas ni responden a las lógicas clásicas de grupos radicalizados. Se trata de actores antisistémicos cuyos blancos son disímiles, como se demuestra en ataques a cajeros automáticos, el frontis de la Embajada Británica, instalaciones policiales u oficinas de empresas privadas, entre otros. La sucesión de atentados ha provocado heridos circunstanciales, como un empleado municipal que encontró y trasladó un paquete sospechoso que le explotó a escasos metros o la muerte imprevista de uno de los anarquistas, al que le detonó el artefacto que llevaba en su mochila (Mayo de 2009).
Las sospechas policiales se habrían concentrado en los grupos que frecuentaba el fallecido Mauricio Morales Duarte, el joven que estudiaba en la Academia de Humanismo Cristiano y que frecuentaba casas Okupas. Las autoridades políticas durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet entendían que probar la vinculación de algún sospechoso depende de un trabajo exhaustivo, algo que requiere tiempo, y que la tarea debía ser encabezada por la fiscalía. En contraste, la derecha insistía en la necesidad de establecer responsabilidades urgentes y fue construyendo un discurso en el que los bombazos eran la indicación palpable de una política de seguridad errada. Habría que decir que lo errado en este caso radica en el respeto de los procedimientos y la independencia de las instituciones.
En ese estado de cosas, aunque el hecho noticioso del denominado “caso bombas” se produce con el fallo judicial que exculpa a todos los acusados, es manifiesto que es el desarrollo del proceso judicial lo que debería generar las mayores críticas en los próximos días. Lo anterior, que resulta obvio dado los numerosos vicios de la investigación que encabezó el entonces fiscal Alejandro Peña, pareciera no estar en la memoria de varios personeros de la derecha. Esto se desprende de la única declaración realizada por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que se remite a “no comentar” los fallos de la justicia o lo explicita el senador Juan Antonio Coloma al cuestionar directamente no sólo la resolución de los jueces, sino la tipificación del delito. Según Coloma, lo relevante sería que “…hay un divorcio entre lo que entendemos debe ser la aplicación de la Ley (por la ley antiterrorista) y la forma en que algunos jueces entienden como ésta debe aplicarse”.
La alusión de Coloma pone el acento en la decisión del tribunal, pocos días antes del fallo, de cambiar la tipificación de los eventuales delitos, por considerar que no existían méritos para acreditar acciones terroristas por parte de los imputados, ni mucho menos sostener la petición de cadena perpetua que presentó la fiscalía.
Mientras parte de la derecha se enfoca en una supuesta debilidad del tribunal, es inevitable que el grueso de las críticas se centre en la verdadera debilidad del caso, esto es, en la feble calidad de las pruebas recabadas durante la construcción del mismo y la responsabilidad del entonces fiscal Peña y las autoridades de gobierno.
Sin embargo, reducir el problema a vicios procedimentales, como estaría apuntando otro sector de la derecha encabezado por el diputado Monckeberg, con la intención declarada de justificar un respaldo irrestricto al Ministro Hinzpeter, resulta insostenible y nada realista. No se trata de simples vicios técnicos, existe responsabilidad política. Esta responsabilidad no radica exclusivamente en haber puesto el “caso bombas” como una especie de símbolo de ineficacia de los últimos gobiernos de la Concertación y, a contrario sensu, en el paradigma de una nueva administración que mostraría decisión y resultados frente a la delincuencia; tampoco en la temprana decisión del gobierno de reducir la función del Ministerio del Interior a una especie de Agencia de Seguridad; si no más bien en la continua y manifiesta intromisión del Ejecutivo en las funciones que son propias del ámbito judicial. La presión que ejerció el gobierno para que la fiscalía sustituyera al fiscal Armendáriz por Peña y los constantes llamados desde el Ministerio del Interior para lograr resultados inmediatos son hechos que, con el desmoronamiento de la acusación del caso bombas, deben penar en La Moneda.
Es posible que las actuales autoridades se dejaran llevar por la impaciencia y la frustración al constatar que los tiempos políticos no iban a la par con los de la Justicia, pero eso normalmente es así y no justifica el cúmulo de desprolijidades exhibidas en este proceso. La raíz del problema radica en un pecado de origen del actual gobierno y de la derecha en general, que es haber politizado la seguridad y, paralelamente, “segurizado” la política.
La “segurización” de la política, pese a tener un alcance relativo, tiene un punto destacable con la denuncia del entonces candidato Sebastián Piñera que, junto con los senadores Alberto Espina y Andrés Allamand, hicieron fe de supuestas informaciones extraídas del computador del líder de las FARC, Raúl Reyes, en las que se establecerían vínculos entre la guerrilla colombiana, el Partido Comunista de Chile y el movimiento Mapuche. El legajo, proporcionado por el entonces Presidente Álvaro Uribe, rondó el discurso piñerista por un tiempo, confiriéndole credibilidad a los documentos y fotografías. No obstante, éstos carecían de respaldo digital, haciendo imposible comprobar su veracidad y coincidiendo con similares entregas a otros países latinoamericanos, donde la supuesta información fue finalmente asociada a una operación de inteligencia del gobierno de Colombia.
No es claro el grado de credibilidad que los personeros de la derecha le dieron a esta “información” colombiana. El entonces Senador Allamand guardó prudente distancia del tema, a diferencia de Espina que insistió en la amenaza que se estaría gestando en la Araucanía. De cualquier forma, la cosa contribuía a acentuar las críticas sobre la supuesta mano blanda de los gobiernos Concertacionistas y a reforzar la “crisis delincuencial” que convenientemente exacerbaron los más potentes medios de prensa. De este modo, la politización de la seguridad, lograda tras una larga campaña mediática, se proyectaba un paso más allá con una supuesta amenaza externa que habría pasado inadvertida para el gobierno de la época.
Lo anterior avaló que el entonces candidato Piñera asumiera con mayor propiedad el discurso de la derecha gremialista respecto a las críticas sobre las políticas de seguridad y a la adhesión de la futura administración de endurecer las sanciones. En los códigos piñeristas esto se graficó en consignas como “la mano dura” contra los delincuentes, por un lado, y la “mano que acoge” a las víctimas de la delincuencia, por otro. Una vez asumido el gobierno, se ha hablado de la “Tolerancia Cero”, del fin “de la puerta giratoria” y otras expresiones que implícitamente critican tanto a la Justicia como a los gobiernos pasados.
Pese a las consignas de la actual administración, la politización de la seguridad tuvo efectos indeseados al rigidizar el margen de acción del gobierno en algunos casos. Un ejemplo muy claro fue la resistencia oficial ante la huelga de hambre de colectividades mapuche que demandaban la no aplicación de la ley de Seguridad del Estado. Los detenidos, en ese caso, arriesgaban largas condenas bajo el concepto que habrían cometido acciones de corte terrorista contra instalaciones particulares, durante su proceso de reivindicación de tierras ancestrales. La situación, que detonó durante el primer año del gobierno del PresidentePiñera, tuvo que escalar a una crisis humanitaria, con la intervención de la Iglesia y otros actores, para que finalmente La Moneda flexibilizara su posición. Aún así, no fueron pocos los personeros oficialistas que insistieron en el carácter terrorista de los indígenas procesados y asumieron como un costo la reconsideración de los procesos.
La sicosis sobre amenazas terroristas tuvo también otro episodio fracasado como fue la detención del Mohamed Saif Ur, un joven paquistaní que supuestamente tenía trazas de explosivos detectadas con sofisticados medios técnicos. La denuncia fue encabezada por el Ministerio del Interior, después que el joven fuese detenido de una manera muy confusa en la Embajada de Estados Unidos y entregado a Carabineros. Al margen de lo insólito del procedimiento, el proceso judicial no pudo acreditar que efectivamente existieran los rastros de material explosivo y, de hecho, se habrían producido resultados disímiles en algunos de los peritajes. Aún así, La Moneda insistió en que la falta de pruebas no constituía necesariamente inocencia y siguió en la línea de poner la seguridad como uno de sus principales centros de preocupación, por no decir, la principal de ellas. En ese sentido, fomentar nuevos miedos en la opinión pública pudo parecer funcional a las autoridades responsables, así como el problema del terrorismo islámico (en ese caso como amenaza real) fomentó una serie de restricciones a los derechos civiles en Estados Unidos.
En un escenario donde hay diversos estudios que han ido marcando un deterioro en los parámetros de la seguridad pública durante el actual gobierno, es claro que las autoridades responsables aparecen expuestas a mayores cuestionamientos tras el fracaso de un proceso que el propio Ministro del Interior sobreexpuso y consideró emblemático. No obstante, es esta apuesta mediática el indicio más revelador que la opción de las autoridades se encaminó a adoptar medidas efectistas y de corto plazo, por encima del diseño de una verdadera política pública. La insistente crítica a las políticas de seguridad de los gobiernos pasados, así como los lamentables desencuentros del Ministro Hinzpeter y el Fiscal Nacional, y del gobierno con la Corte Suprema, son los costos de haber politizado la seguridad y no haber asumido que se trata de una tarea esencialmente cooperativa y convocante.
Las reacciones del gobierno después de conocido el fallo este viernes pasado, apuntan a socializar el fracaso. En rigor, la fiscalía tiene mucho que decir al respecto, pero la falta de rigurosidad a lo largo del proceso fue estimulada y avalada por las autoridades de Interior, desde el momento que presionaron por resultados en forma precipitada y profusamente expuesta a los medios. Es posible que las actuales autoridades intenten desplazar los costos políticos presentando nuevos recursos ante la Justicia, pero el destino del caso, de no mediar antecedentes concretos y nuevos, no debiera tener resultados muy diferentes a los conocidos. La conclusión es que el estilo impuesto por esta administración en materia de seguridad seguirá mostrando vulnerabilidades severas, más aún si las autoridades competentes se mantienen reacias a asumir sus responsabilidades y decididas a persistir en los mismos criterios que han llevado a este estrepitoso descalabro. Dicho sea de paso, esta persistencia solo conduce a erosionar el quehacer policial, de la fiscalía, de los tribunales de Justicia, del Consejo de Defensa del Estado y del propio Ministerio del Interior.

Con incidentes en la Sede Maipú de la Universidad del Mar protestaron sus alumnos por el cierre del establecimiento.

Carabineros debió intervenir para despejar la calzada cubierta de barricadas y neumáticos encendidos. Los hechos se desarrollaron al atardecer del miércoles.
Cambio 21

Unos 50 estudiantes de la sede de Maipú de la Universidad del Mar levantaron barricadas en avenida Pajaritos durante la tarde luego de conocerse la decisión de la Comisión Nacional de Educación (CNED) respecto al cierre del establecimiento.

Los jóvenes encendieron neumáticos en la calle y otros objetos, lo que causó una gran congestión en la calzada oriente de la arteria.

Carabineros llegó al lugar para controlar la situación, sin que se registraran detenidos, mientras que el presidente de la Federación de Estudiantes de la citada sede, Víctor Riquelme, se refirió a la situación del plantel.

"El tema principal es el cierre, este es un cierre parcializado y la universidad puede estar abierta de aquí al 2013. El tema va a ser la reubicación. El Ministerio se va a hacer cargo de nosotros como alumnos y del proceso de titulación de todos los alumnos que están en último año", señaló.

Añadió que con la reubicación del resto de los estudiantes, "la universidad permanecerá abierta durante 2013" para que sea un proceso bien hecho.

Según los estudiantes, situaciones similares se han desarrollado en el resto de las sedes de la casa de estudios a lo largo del país.

INAUGURACION DEL CENTRO CULTURAL COMPUCHE EN PADRE LAS CASAS

Alejandro Stuart

INAUGURACION DEL CENTRO CULTURAL COMPUCHE EN PADRE LAS CASAS

El Sábado 22 se inauguró un espacio bien llamado COMPUCHE para tod@s con Canto, Música, Poesía y Artes Visuales, un lugar intimo y cálido que abre sus puertas de manera permanente en Padre las Casas, comuna aledaña a Temuko, calle Barnet 20 Población Libertad y atendido por su dueño Eduardo Luko. Esta noche a pesar del frio y la lluvia compartieron sus canciones y poemas padrelascasinas  Colelo Pewmayen, Pancho Herrera, Alex Celedon, Rubén Cifuentes, Rodrigo Cortez y Patricio Gutiérrez, la trova temuquense de Esteban Saez y de Juan Pablo Fernandez con Fabricio Copano, la poesía libre del santiaguino Poncho Sanchez y el canto poético continental de Alejandro Stuart, mas el compromiso de ofrecer talleres de arte a los residentes de esa comunidad. Ojalá se abran mas lugares como este en toda nuestra región para brindar y compartir nuestra cultura en reemplazo de tantos templos o casas del dios que los huinkas trajeron para borrar nuestra identidad e imponer su dominio colonial. Acá hay mas templos e iglesias que Centros Culturales y mas curas y pastores que artistas consientes e independientes.
Que vivan los que defienden con dignidad y convicción nuestros derechos.

MARICHIWEU

Fotos: Alejandro Stuart, A.R.I. Asociación de Reporteros Independientes y Kolectivo Espiral



Alejandro Stuart