Álvaro Corbalán, Carlos Herrera, Odlanier Mena, Manuel Contreras son algunos de los militares que podrían acceder al indulto. La mayoría de los represores superan los 70 años y se encuentran aquejados por graves enfermedades. Lea la lista
Fuente Cambio 21
La Iglesia Católica pidió revisar caso a caso los posibles indultos a violadores de los Derechos Humanos en el marco de su proyecto de Indulto Bicentenario, el cual fue entregado al presidente Sebastián Piñera en La Moneda, tras largos meses de debates en el mundo político, civi y religiosol.
El proyecto fue presentado con la intención de entregarles una segunda oportunidad a diversos reos en nuestro país, quienes deben cumplir ciertos requisitos para poder ser indultados; entre ellos, ser mayores de 70 años, padecer una enfermedad terminal, siempre y cuando no hayan cometido asesinato o violación.
Desde esa perspectiva la administración de la ex Presidenta Bachelet estaba de acuerdo. Pero, posteriormente comenzaron a preguntarse –desde la derecha y el ejército- por qué no se incluiría a los militares.
Los emblemáticos que podrían salir
Entre ellos figura Álvaro Corbalán, ex jefe de la mayoría de los operativos armados de la policía secreta de Pinochet, la CNI, sucesora de la DINA, quien padece un cáncer a la tiroides.
El uniformado (r) ingresó el año 2000 al penal de Punta Peuco -cerca de Til Til- condenado a presidio perpetuo dictado en su contra como uno de los autores del cruel asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca ocurrido en 1984.
Este hecho sangriento se realizó en Valparaíso para encubrir el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Alegría Mundaca fue asesinado por cuatro individuos entre los que estaban Corbalán, Carlos Herrera Jiménez (el autor material del crimen de Tucapel Jiménez) y Osvaldo Pincetti, que actuaba como hipnotizador. El carpintero fue drogado y embriagado y le hicieron escribir que "él había asesinado a Tucapel Jiménez".
También enfrenta condenas por los homicidios del periodista José Carrasco y tres profesionales, en 1986, además de las muertes de 12 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987. Carrasco, editor de la revista Análisis, fue asesinado en las afueras del cementerio Parque del Recuerdo, acribillado con cerca de veinte balazos. Había sido sacado por un grupo que comandaba Corbalán desde su casa en el barrio Bellavista.
Otro hecho de sangre fue la operación Corpus Cristi u operación Albania como la llamaron los represores. Doce integrantes del Frente, fueron asesinados en su mayoría, en una sede de la CNI, cerca de la Estación Mapocho. Los otros fueron acribillados directamente en una casa en la comuna de Recoleta. A estos masivos crímenes se les hizo llamar la matanza de Corpus Christi, por ocurrir en el día que se celebra esa fiesta religiosa.
A los doce jóvenes los hicieron aparecer como que se enfrentaron con los agentes de la CNI. Pero algunos ya habían sido muertos y otros asesinados en ese lugar de Recoleta. Obviamente en el "enfrentamiento" no resultó ningún agente de la CNI herido ni menos muerto.
Otro que podría ser favorecido con el indulto es Carlos Herrera Jiménez, ex agente de la CNI que se encuentra en la cárcel de Punta Peuco, cumpliendo cadena perpetua por su responsabilidad en el crimen de Tucapel Jiménez Alfaro. Herrera Jiménez se encuentra aquejado de un cáncer renal.
En 1982, Tucapel Jiménez era el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y había realizado diversas gestiones que alertaban al gobierno de Pinochet respecto de una reagrupación sindical en coordinación con la Central Única de Trabajadores, CUT.
El 25 de febrero, el líder sindical salió de su casa hacia la sede de la Anef, siendo seguido por personal de inteligencia. Tres agentes detuvieron el taxi que conducía, se subieron al asiento trasero y lo desviaron al camino Renca-Lampa.
Seguidos por otros dos vehículos, en medio del camino, el presidente de la Anef recibió cinco tiros en la cabeza y tres cortes en la garganta.
También podría ser objeto del indulto Odlanier Mena Salinas, ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Pinochet, que reemplazó a la DINA.
Fue condenado en enero de 2009 a seis años de presidio por su participación en el asesinato de Oscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso, tres personas ejecutadas en 1973, durante el paso por Arica de la llamada Caravana de la Muerte. Mena era el único otrora jefe de los servicios de seguridad de la dictadura, que no había sido sentenciado.
Hoy Mena, de 83 años, permanece recluido en la Cárcel Cordillera de Peñalolén y hace un par de meses retiró su petición de indulto que le había pedido a la ex presidenta Michelle Bachelet para reiterarla al presidente Sebastián Piñera.
Y los ojos de todos están puestos en Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quien se encuentra encarcelado en el Penal Cordillera condenado a 294 años de presidio por diversos crímenes de lesa humanidad.
Contreras, de 81 años, ha pasado cinco en prisión efectiva y actualmente está aquejado de un cáncer de colon a lo que se agregó en los últimos años diabetes, hipertensión y una trombosis, por lo cual debe consumir una alta dosis de medicamentos.
El ex jefe de DINA ha sido procesado por ser el autor intelectual del asesinato de Orlando Letelier, hecho que le valió una condena de siete años de prisión. Cumplió su condena en enero 2001, después de lo cuál estuvo bajo arresto domiciliario por mantenerse abiertas diferentes causas judiciales en su contra.
En 1999 fue procesado por el juez Juan Guzmán Tapia por la desaparición en 1973 del ex gerente de Chuquicamata David Silberman. Además, fue condenado en rebeldía por la justicia italiana a 14 años de presidio como autor inductor de homicidio frustrado de Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno. En mayo de 2002, fue condenado como el autor intelectual del secuestro y desaparición del líder socialista Víctor Olea Alegría; el cargo fue secuestro permanente.
En Argentina, Contreras fue condenado en una corte por su conexión con el asesinato del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa Sofia Cuthbert, en Buenos Aires en 1974. El 15 de abril del 2003 fue condenado a 15 años de presidio por el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, detenido el 7 de enero de 1975 y desaparecido tras su paso por Villa Grimaldi. En 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el procesamiento de Contreras, pero redujo su pena de 15 a 12 años.
A ellos se agrega Raúl Iturriaga Neumann, director asistente de la DINA. Ingreso al Penal Cordillera en la comuna de Peñalolén, pero fue cambiado al penal de Punta Peuco por razones de seguridad. Fue condenado a una sentencia de 18 años en Italia por la fallida tentativa de asesinato contra el demócrata cristiano Bernardo Leighton en Roma, en parte debido a un testimonio suministrado por Michael Townley.
Es ademas acusado en Chile en el proceso del asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires. También es requerido por el magistrado español Baltasar Garzón. En 2002, fue procesado por la "desaparición" de Víctor Olea Alegría en septiembre de 1974. Al año siguiente, fue procesado por el magistrado Alejandro Solís, junto con su antiguo jefe Manuel Contreras y el coronel Pedro Espinoza Bravo, por el asesinato de Carlos Prats.
Cierra la "lista corta" de violadores a los derechos humanos que esperan clemencia Miguel Krassnoff, condenado a la pena de cinco años y un día de cárcel en calidad de cómplice del secuestro en 1975 del ingeniero Eugenio Montti Cordero y de Carmen Díaz Darricarrere, militantes comunistas que estuvieron detenidos en Villa Grimaldi, perdiéndose su rastro desde aquel lugar. Finalmente y producto de varias condenas por casos de derechos humanos, Krassnoff fue recluido en el Centro de Detención Cordillera, donde se encuentra hasta ahora. Nunca reconoció su culpabilidad o implicancia en ninguno de los puntos de las acusaciones presentadas; por el contrario considera que sirvió heroicamente a su país de adopción.
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