En el año 2009, los Gobiernos de Colombia y Washington firmaron un acuerdo en el cual se permitía la instalación de tropas estadounidenses en territorio colombiano, sin fiscalización alguna. La Organización No gubernamental (ONG) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo introdujo una demanda en la Corte Constitucional para pedir la declaración de inexequibilidad de dicho acuerdo
TeleSUR _ Hace: 01 hora
El magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Palacios, encargado de estudiar el acuerdo militar entre EE.UU. y Colombia tras una demanda de inconstitucionalidad, aseguró este jueves que la aprobación del citado acuerdo correspondía al Congreso, razón por la cual emitirá un concepto desfavorable al respecto.
Según indicó el magistrado Palacios, la firma del acuerdo que permite la instalación de siete bases militares en Colombia no cumplió los requisitos legales y que debido a que se trata de otro acuerdo militar y no la continuación de uno ya firmado como alegaba el Gobierno del presidente saliente , Álvaro Uribe.
Al tratarse de un nuevo acuerdo Palacios afirma que la iniciativa debía pasar por el Congreso de Colombia para su aprobación, razón por la cual pidió un plazo de un año para que cumpla los trámites constitucionales.
La Corte Constitucional deberá emitir una setencia el próximo 17 de agosto sobre las denuncias de inconstitucionalidad del acuerdo militar firmado en diciembre de 2009 entre Estados Unidos y Colombia.
Sin embargo, Palacios afirmó que los de dicha sentencia deberan diferirse por un año hasta que el legislativo estudie el polémico acuerdo que ha sido rechazados por varios países de la región.
La Organización No gubernamental (ONG) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo introdujo una demanda en la Corte Constitucional para pedir la declaración de inexequibilidad de dicho acuerdo, es decir, que se declarara el convenio como no ajustado a la Carta Política, ya que la iniciativa no tiene reciprocidad con Colombia porque se debe entregar la soberanía y no se recibe nada a cambio.
El Consejo de Estado de Colombia ya se había pronunciado sobre el caso justo dos meses antes de que se concretara el polémico acuerdo notificándole al Ejecutivo colombiano su consideración de que dicho convenio militar debía ser aprobado por el Congreso.
Las consideraciones del Consejo indicaban que el convenio, que según el Gobierno colombiano es complementario de un acuerdo bilateral militar vigente desde 1974, "contempla la presencia de personal militar extranjero, lo mismo que de buques y aeronaves de guerra, algo que debe ser aprobado por una ley del Congreso".
A partir de diciembre de 2009 se permite a soldados y asesores estadounidenses acceder y utilizar al menos siete bases militares colombianas, lo que generó la preocupación de los países de la región por considerar que Colombia es un país estratégico para la instalación de las tropas norteamericanas pues posee acceso a dos mares y a cinco fronteras.
Por su parte la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), acordó que el establecimiento de las bases militares colombianas, junto a las que ya existen "constituye un peligro real para los países de la región y la amenaza más grave a la paz, la seguridad y la estabilidad de América Latina y el Caribe".
Según indicó el magistrado Palacios, la firma del acuerdo que permite la instalación de siete bases militares en Colombia no cumplió los requisitos legales y que debido a que se trata de otro acuerdo militar y no la continuación de uno ya firmado como alegaba el Gobierno del presidente saliente , Álvaro Uribe.
Al tratarse de un nuevo acuerdo Palacios afirma que la iniciativa debía pasar por el Congreso de Colombia para su aprobación, razón por la cual pidió un plazo de un año para que cumpla los trámites constitucionales.
La Corte Constitucional deberá emitir una setencia el próximo 17 de agosto sobre las denuncias de inconstitucionalidad del acuerdo militar firmado en diciembre de 2009 entre Estados Unidos y Colombia.
Sin embargo, Palacios afirmó que los de dicha sentencia deberan diferirse por un año hasta que el legislativo estudie el polémico acuerdo que ha sido rechazados por varios países de la región.
La Organización No gubernamental (ONG) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo introdujo una demanda en la Corte Constitucional para pedir la declaración de inexequibilidad de dicho acuerdo, es decir, que se declarara el convenio como no ajustado a la Carta Política, ya que la iniciativa no tiene reciprocidad con Colombia porque se debe entregar la soberanía y no se recibe nada a cambio.
El Consejo de Estado de Colombia ya se había pronunciado sobre el caso justo dos meses antes de que se concretara el polémico acuerdo notificándole al Ejecutivo colombiano su consideración de que dicho convenio militar debía ser aprobado por el Congreso.
Las consideraciones del Consejo indicaban que el convenio, que según el Gobierno colombiano es complementario de un acuerdo bilateral militar vigente desde 1974, "contempla la presencia de personal militar extranjero, lo mismo que de buques y aeronaves de guerra, algo que debe ser aprobado por una ley del Congreso".
A partir de diciembre de 2009 se permite a soldados y asesores estadounidenses acceder y utilizar al menos siete bases militares colombianas, lo que generó la preocupación de los países de la región por considerar que Colombia es un país estratégico para la instalación de las tropas norteamericanas pues posee acceso a dos mares y a cinco fronteras.
Por su parte la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), acordó que el establecimiento de las bases militares colombianas, junto a las que ya existen "constituye un peligro real para los países de la región y la amenaza más grave a la paz, la seguridad y la estabilidad de América Latina y el Caribe".
teleSUR - Efe / yi - FC
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