El co-director del Observatorio Ciudadano de Chile considera que la huelga de hambre líquida de los presos mapuches no ha tenido el impacto que "debería producir" por la falta de cobertura por parte de los medios de comunicación privados.
TeleSUR
La huelga de hambre de los presos mapuches que protestan para exigir el fin de la aplicación de la ley Antiterrorista contra esta etnia, sigue siendo silenciada por los medios privados de Chile, sólo la prensa alternativa ha publicado notas sobre el ayuno que los indígenas llevan desde hace más de 15 días en varias cárceles del sur del país.
El Observatorio Ciudadano y la red de ONG Acción denunciaron la falta de cobertura informativa, por lo que apoyaron públicamente las reivindicaciones de los presos, que igualmente defienden los derechos de sus comunidades a la tierra y el territorio.
El co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, criticó que los medios de comunicación oficialistas y los vinculados al empresariado no han cubierto este tema y señaló que, por ello, "no ha tenido el impacto que debería producir".
Aseguró que la gran mayoría de los ciudadanos chilenos "no saben que casi 60 mapuches o personas comprometidas con esa causa están actualmente procesados o condenados" por la ley Antiterrorista por protestas sociales vinculadas a la reivindicación de derechos por tierras o de derechos políticos.
"Se les aplica la ley Antiterrorista, que data del régimen militar, y que a pesar de haber sido reformada sigue teniendo un tipo penal muy abierto en que caben muchas conductas y se presta, como en el caso de la protesta social Mapuche, para arbitrariedades", precisó.
El corresponsal de teleSUR en Chile, Alejandro Kirk, informó que este jueves se sumaron dos presos mapuches a la huelga de hambre, lo que suma a 31 los mapuches que demandan de manera firme que no se les aplique la ley antiterrorista, instaurada por el dictador chileno Augusto Pinochet.
Kirk señaló que la mayoría de los juristas consideran que esta ley es una "aberración" contra unas personas que no han cometido delitos judiciales. Los mapuches "sólo han generado incendios forestales una forma de lucha que no califica en delitos de terrorismo", indicó.
El periodista de teleSUR reportó que los mapuches están siendo juzgados por la justicia civil y militar, por lo que corren el riesgo de ser condenados dos veces por los mismos delitos que se les imputan.
Asimismo, agregó que actualmente suman 57 los detenidos, mientras que alrededor de 100 han sido procesados por la justicia chilena.
Según informaron este viernes organizaciones ciudadanas, los dos nuevos internos que secundaron esta medida se encuentran en la cárcel de Lebu, en la región del BioBío, unos 530 kilómetros al sur de Santiago (capital).
Los movimientos Mapuche y sociales recurrieron a instancias internacionales, pero aún esperan un pronunciamiento por parte de las autoridades del Gobierno presidente y empresario Sebastián Piñera.
La ley Antiterrosita permite que los acusados se encuentren en prisión preventiva durante dos años, impide a los abogados defensores el acceso a la investigación, así como presentar testigos.
La normativa fue instaurada en 1984 por el régimen de Augusto Pinochet para perseguir a opositores políticos y en la actualidad tanto la ONU como la Unión Europea le recomendaron a Chile revisar su norma, por considerar que perseguía "a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche".
El Observatorio Ciudadano y la red de ONG Acción denunciaron la falta de cobertura informativa, por lo que apoyaron públicamente las reivindicaciones de los presos, que igualmente defienden los derechos de sus comunidades a la tierra y el territorio.
El co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, criticó que los medios de comunicación oficialistas y los vinculados al empresariado no han cubierto este tema y señaló que, por ello, "no ha tenido el impacto que debería producir".
Aseguró que la gran mayoría de los ciudadanos chilenos "no saben que casi 60 mapuches o personas comprometidas con esa causa están actualmente procesados o condenados" por la ley Antiterrorista por protestas sociales vinculadas a la reivindicación de derechos por tierras o de derechos políticos.
"Se les aplica la ley Antiterrorista, que data del régimen militar, y que a pesar de haber sido reformada sigue teniendo un tipo penal muy abierto en que caben muchas conductas y se presta, como en el caso de la protesta social Mapuche, para arbitrariedades", precisó.
El corresponsal de teleSUR en Chile, Alejandro Kirk, informó que este jueves se sumaron dos presos mapuches a la huelga de hambre, lo que suma a 31 los mapuches que demandan de manera firme que no se les aplique la ley antiterrorista, instaurada por el dictador chileno Augusto Pinochet.
Kirk señaló que la mayoría de los juristas consideran que esta ley es una "aberración" contra unas personas que no han cometido delitos judiciales. Los mapuches "sólo han generado incendios forestales una forma de lucha que no califica en delitos de terrorismo", indicó.
El periodista de teleSUR reportó que los mapuches están siendo juzgados por la justicia civil y militar, por lo que corren el riesgo de ser condenados dos veces por los mismos delitos que se les imputan.
Asimismo, agregó que actualmente suman 57 los detenidos, mientras que alrededor de 100 han sido procesados por la justicia chilena.
Según informaron este viernes organizaciones ciudadanas, los dos nuevos internos que secundaron esta medida se encuentran en la cárcel de Lebu, en la región del BioBío, unos 530 kilómetros al sur de Santiago (capital).
Los movimientos Mapuche y sociales recurrieron a instancias internacionales, pero aún esperan un pronunciamiento por parte de las autoridades del Gobierno presidente y empresario Sebastián Piñera.
La ley Antiterrosita permite que los acusados se encuentren en prisión preventiva durante dos años, impide a los abogados defensores el acceso a la investigación, así como presentar testigos.
La normativa fue instaurada en 1984 por el régimen de Augusto Pinochet para perseguir a opositores políticos y en la actualidad tanto la ONU como la Unión Europea le recomendaron a Chile revisar su norma, por considerar que perseguía "a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche".
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