La Nación Por Andrea Chaparro
El Programa de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado esperan que el tribunal de alzada revierta la decisión del ministro Mario Carroza, quien rechazó la solicitud de procesamiento que presentaron contra los generales (R) Sinclair y Ortega.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisará, en los próximos días, los antecedentes entregados por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) respecto del ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y el ex director de Inteligencia (DINE) Ricardo Ortega, a quienes ambos organismos les atribuyen participación en el secuestro y homicidio de cinco miembros del FPMR en 1987.
El programa y el consejo esperan que el tribunal de alzada capitalino revierta la decisión del ministro en visita Mario Carroza, quien rechazó a comienzos de julio la solicitud de procesamiento que habían presentado en mayo contra los ex uniformados.
No obstante, el general (R) Sinclair ya había sido procesado por idénticos delitos en esta investigación y la Corte, en 2008, consideró que no se había recabado suficiente información y dejó sin efecto la encargatoria.
La situación de Ortega es diferente porque a pesar de que debió declarar como inculpado en la causa nunca ha estado procesado por estos hechos. Sin embargo, los organismos fiscales recogieron 17 testimonios que confirmarían su participación en las acciones que terminaron con la vida de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, según reseñan sus escritos.
En estas mismas presentaciones, el programa y el consejo concluyen que el crimen de los cinco frentistas fue un delito de lesa humanidad cometido por agentes del ex régimen de Augusto Pinochet, en el marco del secuestro del coronel Carlos Carreño, gerente comercial de Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), ocurrido entre septiembre y noviembre de 1987.
Pero aunque el ministro Carroza desechó el requerimiento respecto de Sinclair y Ortega, a comienzos de julio resolvió procesar a la ex agente de la Brigada Azul de la CNI y miembro de la Armada, Ema Verónica Ceballos Núñez (también mencionada en el crimen de Paulina Aguirre Tobar), y al ex agente de la CNI, José Miguel Morales Morales (investigado por Operación Albania aunque no fue condenado), como coautores del delito de secuestro calificado de Julián Peña Maltés.
En su resolución el magistrado ordena a la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) que notifique a los encausados del dictamen. LN
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