Con 74 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio hoy su aprobación al informe de la Comisión Investigadora que indagó las irregularidades denunciadas en el otorgamiento de beneficios educacionales a víctimas de prisión política y tortura.
Imagen: Camara.cl
Los primeros antecedentes surgieron a raíz de una investigación periodística del programa televisivo “Esto no tiene nombre”, de TVN, que en su edición del 7 de abril de 2010 denunció el uso indebido de los beneficios educacionales consagrados en la Ley 19.992 -conocida genéricamente como “Ley Valech”- por parte de ciertas instituciones de educación superior, que generaron cursos de estudio para los beneficiarios de dicha ley.
Las denuncias motivaron la solicitud de una comisión investigadora de parte de un grupo de diputados.
La Sala aprobó el 5 de mayo de 2010 la creación de una comisión investigadora encargada de estudiar “las presuntas irregularidades conocidas por la opinión pública, con ocasión de los cursos impartidos por la UNIACC y otros establecimientos de educación superior acogiéndose a la Ley 19.992”.
La Comisión Especial se constituyó el 2 de junio, eligiendo presidente al diputado Gustavo Hasbún. La instancia parlamentaria celebró 11 sesiones de trabajo, en los cuales recogió los testimonios del subsecretario de Educación, el Contralor General de la Republica, ex beneficiarios de las becas, dirigentes de agrupaciones de presos políticos y directivos de las universidad UNIACC, Universidad Bolivariana y Universidad La República.
En su informe final, aprobado por la unanimidad de sus integrantes, la Comisión Investigadora sostiene que “resulta gravísima la situación de personas que recibieron becas por parte del Estado sin tener derecho alguno; esto se suma a la impartición de cursos que no conducían a grado o título académico. Peor aún, es la actitud del Ministerio de Educación por la falta de control en la entrega de becas, cuestión que denota falta de diligencia grave en las autoridades de la época”.
Tras hacer presente que el reglamento de la Ley 19.992 adolece de excesiva amplitud, vaguedad y poca claridad -al no regular de manera precisa la forma de optar a la beca, de traspasarla y la pérdida del beneficio-, el informe apunta que “las autoridades de la época, desde los ministros hasta los distintos directores de educación superior, son responsables por la dictación de un reglamento que a todas luces resulta insuficiente y que permite la dilapidación de recursos públicos”.
La Comisión Investigadora plantea además que, a la luz de los antecedentes recibidos y los testimonios de distintos becarios, “se ha acreditado con claridad la displicencia e indiferencia con que la autoridad de la época abordó el problema”.
“Fueron numerosas las denuncias recibidas en el Mineduc y que las distintas autoridades tuvieron a la vista para resolver el problema, por lo que resulta de una negligencia gravísima la pasividad de las autoridades del Ministerio, sobre todo en lo que a recepción de reclamos se refiere. Recién bajo la actual Administración se han iniciado sendos sumarios administrativos para esclarecer responsabilidades”, puntualiza el informe.
“La autoridad de la época tuvo una actitud irresponsable en la forma en cómo se concedieron las becas, ya que ni siquiera se cumplió con protocolos mínimos de control. En este sentido se paga la totalidad de las becas a alumnos inscritos que no han terminado sus cursos”, agrega el documento.
Más adelante, la Comisión expresa que los antecedentes allegados en la investigación “son suficientes para acreditar que distintas universidades se aprovecharon del uso de un beneficio entregado por el Estado a los ex presos políticos o a sus hijos”.
También el informe subraya que “resulta gravísimo el retardo de la Contraloría General de la República para iniciar los sumarios administrativos respectivos y los eventuales juicios de cuenta, ya que esta es una situación que se arrastra desde hace muchos años y recién ahora se han iniciado las respectivas acciones. No se actuó de manera oportuna frente a estos hechos exigiéndose sanciones para los funcionarios involucrados”.
Finalmente, la Comisión Investigadora afirma que “las responsabilidades políticas, por una falta de diligencia grave en el ejercicio de sus funciones, recaen directamente en las ex ministras de Educación, señoras Yasna Provoste y Mónica Jiménez de la Jara; en el jefe de la división jurídica de la división de educación superior del Ministerio de Educación, señor Julio Castro, y en el jefe de gabinete de este último, señor Rodrigo Lahsen”.
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