EFE
Tras la denuncia realizada por un ex funcionario del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la secretaria ejecutiva del organismo, Rossy Lama, explicó que la petición se realizará una vez que terminen las diligencias que se están realizando sobre los inculpados.
Tras la denuncia realizada por un ex funcionario del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la secretaria ejecutiva del organismo, Rossy Lama, explicó que la petición se realizará una vez que terminen las diligencias que se están realizando sobre los inculpados.
El Gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, volverá a pedir el procesamiento de 4 oficiales retirados que declararon como inculpados por el asesinato del cantautor Víctor Jara, ocurrido en 1973, dijeron hoy a Efe fuentes del organismo.
El Programa ya solicitó esta medida el pasado mes de diciembre, pero la Justicia se negó a acoger esa primera petición.
La secretaria ejecutiva del Programa, Rossy Lama, explicó a Efe que la institución presentará una nueva solicitud una vez que finalicen las diligencias que se están realizando sobre Edwin Dimter, Hugo Sánchez, Raúl Jofré y Rolando Melo, este último un ex fiscal militar.
Lama reveló que en las últimas semanas los 4 declararon como inculpados en esta causa, hecho que hasta ahora no se conocía.
Estas declaraciones salen a responder las
acusaciones del abogado Cristián Cruz, ex funcionario programa que fue despedido el pasado 31 de diciembre, y de un reportaje de El Mostrador que afirmaban que el gobierno se había desistido de apelar para procesar a los acusados de la muerte del cantautor.El autor de “Te recuerdo Amanda”, “El derecho de vivir en paz” y “Plegaria de un labrador”, entre otros temas, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado de Augusto Pinochet, y encerrado en el Estadio Chile, utilizado como centro de reclusión, donde sufrió violentas torturas y fue acribillado con 44 balazos.
El pasado 22 de diciembre, el abogado Cruz, que entonces aún trabajaba en el Programa y que fue despedido a fines de ese mes, solicitó al juez Juan Fuentes Belmar, encargado del caso, el arresto de los 4 oficiales retirados del Ejército chileno.
A su juicio, había antecedentes para que se les arrestara, se les tomara declaración y se les procesara, pero el juez negó la petición y el letrado, en nombre del Programa de Derechos Humanos, apeló esa determinación.
A su juicio, había antecedentes para que se les arrestara, se les tomara declaración y se les procesara, pero el juez negó la petición y el letrado, en nombre del Programa de Derechos Humanos, apeló esa determinación.
Sin embargo, en la mañana de este lunes el Programa retiró la apelación, que se iba a ver por la tarde en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Rossy Lama explicó a Efe que procesalmente la solicitud del abogado Cristián Cruz estaba mal presentada, porque, según dijo, no corresponde pedir el arresto de personas que ya han declarado y que el juez no ha resuelto procesar.
Sin embargo, aseguró que el Programa volverá a pedir el procesamiento de los militares cuando finalicen las pericias pendientes.
Rossy Lama explicó a Efe que procesalmente la solicitud del abogado Cristián Cruz estaba mal presentada, porque, según dijo, no corresponde pedir el arresto de personas que ya han declarado y que el juez no ha resuelto procesar.
Sin embargo, aseguró que el Programa volverá a pedir el procesamiento de los militares cuando finalicen las pericias pendientes.
Hasta el momento sólo está procesado por este caso José Paredes, un ex recluta que fue detenido en junio de 2009 tras confesar que había disparado a Jara por orden de un oficial, aunque posteriormente se retractó. Paredes fue puesto en libertad provisional semanas después.
En diciembre de 2009, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó un informe en el que se precisa que las balas que causaron la muerte a Víctor Jara son de un calibre distinto al que utilizaba el fusil que tenía asignado el ex recluta.
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