Nueva traba al Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior

Nueva traba al Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior pone en jaque continuidad de los procedimientos. Tres mil casos aún están sin sanciones

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, aseguró que "hay una decisión política de obstaculizar los procesos e instalar la impunidad". El ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, aseguró: "Evidentemente hay una contradicción en lo que tiene que hacer un abogado de Derechos Humanos y lo que debe hace la autoridad. Es incompatible".

El Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior sigue siendo fuente de críticas. Desde hace un tiempo organismos de derechos humanos han venido denunciando que el ministro Rodrigo Hinzpeter, tiene paralizadas las querellas por las víctimas de la dictadura y además ha despedido a abogados del programa.

Ahora las cosas vuelven a complicarse tras la acusación del abogado Cristián Cruz contra el programa. Según el ex funcionario del departamento a cargo, liderado por Rossy Lama, se decidió darle tramitación normal a la causa de la muerte de Víctor Jara, fallecido en septiembre de 1973 en el Estadio Chile.

El profesional también rechazó que el programa del ministerio del Interior desistiera continuar con cuatro procedimientos que había encargado al ministro Juan Fuentes Belmar, y así no apelar para lograr la detención de cuatro militares que han sido señalados como los responsables del crimen del cantautor chileno.

Ante las acusaciones y despidos, Cruz aseveró a Cambio21 que "quizás los despidos sean parte del trabajo, pero en este caso no existen reemplazantes, por ende hay un vacío donde los casos quedan sin abogado que los resuelva y ese es el problema. Con esto los que están pagando son las victimas no nosotros".

"No podemos permitir la impunidad"

Quien también criticó fuertemente el actuar del gobierno, fue la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien aseguró que "hay una decisión política de obstaculizar los procesos e instalar la impunidad".

En conversación con Cambio21 indicó que "es lamentable lo que sucede, además que no podemos dejar en el olvido que el señor Piñera antes de asumir su cargo en marzo se reunió en varias ocasiones con generales en retiro".

Según la dirigenta, las querellas sin presentar y los despidos dejarían unos 3.000 casos sin sanciones, por ello aseguró que "vamos a presentar todos los casos en que no hubo justicia, en que los tribunales aplicaron criterios de prescripción o media prescripción".

No quieren derechos humanos

Por su parte Javiera Aguirre, ex abogada del Programa de Derechos Humanos y quien fuera despedida a pesar de estar con posnatal, en conversación con este portal indicó que "definitivamente no quieren Derechos Humanos".

Agregó que "dentro del programa siempre se sintió un ambiente no grato desde que llegó el gobierno de Sebastián Piñera. "De hecho cuando todavía estaba trabajando, tres compañeros debieron renunciar porque existía un ambiente hostil y no era agradable trabajar así".

"Yo creo sinceramente que estas gestiones se están dando porque en el gobierno no le han tomado el peso a lo que es esto y están haciendo todo lo posible para que se acabe", subrayó la abogada Aguirre. "Aquí existe un asunto de hostilidad que está impidiendo el objetivo del programa. Eso es lo que sucede en el fondo", afirmó.

En tanto el ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, aseguró que no le extraña la situación. "Evidentemente hay una contradicción en lo que tiene que hacer un abogado de Derechos Humanos y lo que debe hace la autoridad. Es incompatible", dijo a Cambio21.

Agrega que aquí existe una rivalidad de los políticos de la derecha versus política de Derechos Humanos. "Aquí hay autoridades de gobierno que son lobos haciéndose pasar por ovejas. Por nombrar algunos, está Cristián Larroulet (ministerio Secretaría General de la Presidencia) y Joaquín Lavín (ministro de Educación) quienes participaron del gobierno de Pinochet y ahora son autoridades", afirmó el abogado.

Además, dijo que "deduzco que esto es un problema para el gobierno porque a Piñera lo apoya la UDI y ellos participaron activamente en cargos muy importantes de la dictadura militar".

En cuanto al futuro del Programa de Derechos Humanos dijo que "se están acomodando a lo que deben hacer, aunque va a haber un problema contradictorio evidentemente. Y lamentablemente este programa en un año más será expuesto a la extinción".