CIDH calificó como "deplorable" uso de la fuerza de Carabineros contra estudiantes

Representantes chilenos denunciaron abusos policiales ante la entidad.

Comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió además derogar el decreto N° 1086 de la dictadura.

Cooperativa.cl
El consejero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Sergio Pinheiro calificó como "deplorable" el uso de la fuerza contra estudiantes chilenos por parte de Carabineros en las manifestaciones estudiantiles del último año.

El también relator sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH hizo estos comentarios tras la denuncia presentada por dos representantes del Programa Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad, Branislav Marelic e Italo Jaque, por la violencia policial ejercida contra manifestantes.

"La manera con que esas manifestaciones, en que estaban niños y adolescentes, fueron reprimidas fue deplorable, lamentable y hubo un claro uso de desproporcionalidad de la fuerza", sostuvo Pinheiro.

Pinheiro además instó al Estado a derogar el decreto de la dictadura N°1086, que regula las manifestaciones y que estipula solicitar una autorización previa a la autoridad para realizar una manifestación, lo que vulnera el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las denuncias

Los denunciantes presentaron ante la comisión algunos videos como muestra de la excesiva violencia policial en al control de las manifestaciones, junto con lo cual entregaron antecedentes sobre presuntas torturas que sufrieron jóvenes detenidos al interior de buses policiales.

Marelic reclamó que la respuesta del Gobierno a las manifestaciones pacíficas no se realiza "de manera progresiva ni proporcional" y criticó el uso irracional de los carros lanzagua y gases lacrimógenos.

Por su parte, Jaque aseguró que su organización tiene registrados 120 casos de abusos contra los manifestantes en los que se evidencia "trato vejatorio" e incluso "tortura".

Los representantes solicitaron a la CIDH que pida una autorización al Estado chileno para visitar el país y revisar la situación sobre los Derechos Humanos en las manifestaciones públicas y que inste al Gobierno a derogar el citado decreto que regula las protestas.

Defensa del Estado

A su vez, el director de derechos humanos de la Cancillería, Miguel Angel González, rebatió las acusaciones y descartó un política deliberada para criminalizar las movilizaciones estudiantiles.

"Pretender por tanto que hay una política deliberada de reprimir manifestaciones es, por decir lo menos, una exageración. Es una aseveración injusta e ininteligible para nosotros porque se contradice con las estadísticas", afirmó.

Esto, según comentó, ya que durante 2011 se han manifestado más de dos millones de personas con un saldo de 13 mil detenidos, mientras que en 2006, durante el "movimiento pingüino", marcharon 280 mil personas con un saldo de 10 mil detenidos.

Por otro lado, desestimó que el Gobierno ponga dificultades para que se desarrollen las marchas.

"Cuando se dice que hay una oposición del Estado a las manifestaciones eso es una falsedad, lo que se requiere es que se informe y se acuerde un recorrido (con la autoridad) porque es un espacio de uso público. No existe absolutamente ningún impedimento para que la gente se manifieste", aseguró.

Además enfatizó que el tema central es "la violencia generada por grupos violentistas" que comienzan los problemas, y que Carabineros sólo reacciona ante estas personas.