Este próximo el viernes 28 de octubre, a las 15.00 horas, toda la información recabada será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concedió audiencia especial para conocer mayores antecedentes sobre abusos policiales en Chile durante las últimas manifestaciones públicas.
Frente a este actuar abusivo e ilegal de la policía, denuncian que estas prácticas no constituyen hechos aislados y que, por el contrario, en Chile se “está instalando un patrón de comportamiento, sistemático y estructural, que es avalado por las autoridades”, advirtió José Miguel Guzmán, de Cintras.
Confirmando que los hechos más graves se producen al momento de la detención y, en particular, durante el traslado de los detenidos a unidades policiales, donde son objeto de insultos verbales; golpes en el cuerpo y rostro, incluso con fracturas expuestas; actos de tortura e incomunicación; violencia sexual y vejámenes, que afectan principalmente a menores de edad y mujeres (adolescentes y adultas), como confirmó Marta Cisternas, coordinadora del equipo de Observadores de Derechos Humanos que desde agosto constatan en terreno de estos hechos y que han sido objeto también de amenazas y agresiones por parte de carabineros.
En cuanto a la constatación de lesiones, Cisternas agregó que se está disponiendo la presencia de personal médico en las propias comisarías, evitando así que los heridos sean trasladados a centros asistenciales para ser evaluados, “situación que consideramos irregular, pues no se ajusta a los protocolos que deben seguirse en estos casos. No existiendo siquiera un registro con los nombres de las personas, ni del tipo de lesiones”, denunció.
La observadora, al final de su intervención, exhibió fotografías y un video donde se pudo apreciar cómo desde un carro policial se instruía a oficiales de fuerzas especiales para que le levantarán la falda a estudiantes secundarias, como una forma de evidenciar esta violencia de género que también ha incluido golpes en senos y vagina, relató.
Otro aspecto destacado durante la conferencia, fue la absoluta falta de claridad respecto los procedimientos policiales aplicados en contextos de manifestaciones públicas y de sociabilización de los mismos. En este sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional - Chile, señaló que “se solicitó al Ministerio del Interior, invocando la Ley de Transparencia, información sobre los protocolos utilizados, las medidas que se tomarán para investigar estas denuncias de violencia innecesaria y para prevenir hechos similares en el futuro. Sin embargo, dicho Ministerio ha derivado reiteradamente estas solicitudes a Carabineros de Chile, indicando que el Ministerio del Interior sólo tiene competencia respecto asuntos y procesos administrativos”.
Por su parte Pablo Villar, abogado de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) confirmó esta dificultad para obtener información señalando que incluso “los abogados no sabemos, muchas veces, con qué criterios procede la policía, por tanto cómo podemos esperar que los manifestantes sepan dónde ajustar sus conductas, sin una socialización de cuáles son estos parámetros”.
Mientras que para Alicia Lira, presidenta de Agrupación de Ejecutados Políticos, un fenómeno preocupante es la estigmatización del manifestante y la naturalización que se está construyendo en torno al actuar policial, lo que se ve amplificado por los medios de comunicación. “Aquí se está instalando el terrorismo contra la civilidad, pues todo lo que se muestra y destaca es el caos, los desórdenes, pero no se da cuenta de las particularidades de este movimiento y menos aún las brutales agresiones de la que son víctimas nuestros niños. Y si es que llegan a hacerlo, se muestra como parte de algo necesario para proteger el orden público”, señaló.
Derecho a de reunión, criminalización de la protesta y justicia militar
La criminalización de protesta social y los límites impuestos al derecho de reunión, así como la deuda que el estado chileno mantiene respecto de la reforma a la justicia militar, fueron también destacados por las organizaciones como violatorias de derechos humanos.Alberto Coddou, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, aclaró que “nuestra Constitución garantiza el derecho a reunión, sin permiso previo, lo que se ve obstruido por la utilización de un Decreto Supremo (N°1.086) dictado a principio de las movilizaciones políticas de los ’80, en contexto de dictadura. Este decreto permite prohibir de facto cualquier movilización y hoy es utilizado contra manifestaciones sociales, convirtiendo actos de autoridad en verdaderos permisos de nuestra autoridad política”, aseguró.
Nicolás Facuse, agregó que la necesidad de pedir permiso a la autoridad para manifestarse en su contra, “es una contradicción en sí misma. Por lo que aceptar un mecanismo como éste, implica también aceptar una cultura represiva, donde nadie tiene claros los procedimientos”.
Por su parte Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, destacó que producto de la persistencia de la competencia de los tribunales militares para conocer de hechos en que son víctimas de violencia civiles, “pese a existir sentencia condenatoria de la Corte Interamericana (caso Palamara) que obliga su adecuación, hoy se experimentan situaciones de falta al debido proceso y una marca impunidad frente a estos abusos policiales. Además, se debe recordar que la modificación parcial de la que fue objeto este cuerpo legal, se produce tras una huelga de hambre que por más de 80 días mantuvieron comuneros mapuche imputados bajo delitos terroristas y no por voluntad activa del estado”, finalizó.
Audiencia ante la Comisión Interamericana
El próximo viernes 28 de octubre, a partir de las 15 horas, se realizará en Washington la audiencia especial concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de violencia policial que se está viviendo en nuestro país en el marco de movilizaciones estudiantiles.
La presentación estará centrada en cuatro ejes: regulación del derecho de reunión; violencia de agentes del estado contra niños, niñas, jóvenes; Justicia Militar y debido proceso y criminalización de la protesta social.
Mayores informaciones y entrevistas:
PAULINA ACEVEDO
pacevedo@observatorio.cl
www.altoahi.cl
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