Paula Correa
La seremi de Justicia de La Araucanía informó a los familiares de Juana Rosa Calfunao, lonko de la comunidad Juan Paillalef, que fue negada la solicitud de extensión del permiso para mantenerse en el extranjero, que los comuneros presentaron a través de la Organización Mundial contra la Tortura, ya que está con libertad condicional.
La lonko viajó a Suiza para reunirse con su hija Rellmutray, autoexiliada desde los 13 años, luego de sufrir la quema de su casa y que la totalidad de su familia fuera detenida. Después de casi tres años, la comunidad inició un proceso de reconstrucción familiar, razón por la cual Juana Calfunao decidió buscar a su hija.
Sin embargo, con la llegada de la lonko, Rellmutray recordó lo vivido en Chile y sufrió una seria descompensación que la llevó al hospital, razón que ha retrasado el regreso de Juana, quien tenía como fecha máxima para volver al país el pasado 21 de abril.
Antonio Cadín, esposo de la lonko y werkén de la comunidad, afirmó que no les dieron mayores explicaciones por la negativa, pese a la intensa situación humanitaria que los afecta, y reprobó los criterios que el Estado está aplicando con los mapuche: “Hay una clara vulneración de un derecho, no puede ser más importante la firma en una cárcel ante la vida de una niña y la reconstrucción de una familia. Es inaceptable. Y viola la base de la Constitución de Chile, que dice que el núcleo familiar es el elemento fundamental de la sociedad. Estamos evaluando la acción judicial que vamos a emprender contra el Estado”, señaló.
Además, el viaje de la lonko se retrasó por una dificultad administrativa para renovar su pasaporte, lo que le restó tiempo. Otra demora fue la posición del gobierno suizo de no entregar a la niña mientras en Chile no se le asegurara el pleno respeto a sus derechos humanos y como menor de edad.
En este contexto, el abogado Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se refirió a la falta de precaución con que se están concediendo los beneficios carcelarios y los permisos de este tipo en nuestro país, que se aplican con mucha rigurosidad y sin contemplar la situación personal de los imputados.
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