DECLARACIÓN PÚBLICA

Al parecer cada semana, nos veremos sorprendidas ante los antecedentes de una estrecha relación con la dictadura de diversos servidores públicos de esta nueva administración.

Es importante señalar que no se trata de una “caza de brujas”, solo denunciamos a quienes con una mayor o menor sutileza, estuvieron ligados a la dictadura y que bajo su alero avalaron, silenciaron o directamente participaron en la violación de los derechos de todo un pueblo.

Esta vez alzamos nuestra voz, la de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, denunciando la presencia de Alberto Labbe Galilea como embajador de Chile ante Panamá, quién ha sido citado, en calidad de inculpado. Para que declare en el caso de la llamada Operación Cóndor.

Sabido es que esta Operación, coordinada por las dictaduras del Cono Sur, tuvo como resultado el extermino de cientos de opositores en la década de los 70, en Chile hoy es investigada por la jueza Raquel Lermanda, quien en reemplazo de juez Víctor Montiglio, consideró tener los antecedentes suficientes para citarlo a declarar en calidad de inculpado.

Alberto Labbe Galilea, hermano del ex coronel de ejército Cristián Labbe y actual Alcalde de Providencia, fue segundo secretario de la embajada de Chile en Argentina en el año 1975, fecha en la cual se vinculó con el agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, enviando por valija diplomática listados de chilenos que vivían en el vecino país, listado dirigido directamente a la policía política de la época, hecho no menor si hoy sabemos que Arancibia Clavel esta inculpado del asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert y que las mujeres y hombres desaparecidos suman cientos.

Probablemente se nos dirá que este nombramiento del señor Labbe se enmarca dentro de la llamada carrera funcionaria, es decir que a pesar de todo mantuvo su condición durante los gobiernos anteriores, argumento que en ningún caso valida su actual posición.

Nos sumamos a las demandas de diversos sectores, exigiendo su inmediata destitución, apoyamos también a los miembros del Parlamento que así lo han exigido. Respaldamos en su totalidad a los abogados del Programa de Derechos Humanos, cuyo compromiso y diligencia con la labor que les mandata la ley ha permitido avanzar en verdad y justicia.

Lamentamos que una vez más, Rossy Lama, Secretaria Ejecutiva del Programa, confunda el rol que debe desempeñar en la búsqueda de los responsables, no importando su procedencia , rango o lugar que ocupe en el aparato del estado, porque nadie que haya tenido ese nivel de participación en la dictadura, puede asumir la representación de Chile.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

1 de julio de 2010