La Justicia resolvió que la familia del asesinado líder sindical, Tucapel Jiménez, durante la dictadura militar (1973-1990), reciba la suma de un millón de dólares de indemnización, tras un extenso proceso judicial que se inició hace seis años.
Según fuentes judiciales, la decisión la tomó la Corte Suprema luego que se pusiera fin a la conciliación con el Consejo de Defensa del Estado a la que había llamado el máximo tribunal, por lo cual cada uno de los cinco hijos del fallecido sindicalista, recibirá 110 millones de pesos (unos 200 mil dólares).
En declaraciones a radio Biobío, el diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado líder sindical, aseguró que "con todo lo que significó esto (el asesinato), se cierra un ciclo, pueden saberse nuevas verdades, pero por fin se cierra un largo proceso".
En un clima de tensiones sociales y políticas, en plena dictadura militar, Jiménez se convirtió en uno de los blancos de la represión, ya que el líder sindicalista había realizado diversas gestiones que alertaban al régimen militar respecto de una reagrupación sindical en coordinación con la Central Única de Trabajadores.
Según las investigaciones policiales, Jiménez Alfaro, militante del Partido Radical, fue seguido por efectivos del Ejército mientras conducía su taxi en la mañana del 25 de febrero de 1982.
Varios agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que se encaramaron al vehículo de Jiménez, según consta en el relato judicial, lo obligaron a dirigirse a un lugar cercano a la terminal área internacional de Santiago.
Allí, obrando sobre seguro y premeditadamente, unos de ellos identificado como Carlos Herrera Jiménez, procedió a dispararle en cinco oportunidades en la cabeza. Enseguida, el dirigente sindical fue degollado.
Tras el proceso judicial que llevó a cabo el juez Sergio Muñoz, fueron condenados en primera instancia en el 2002, el ex jefe de la DINE, general Ramsés Álvarez; el coronel Víctor Pinto; el mayor Francisco Ferrer Lima; y los suboficiales Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, como autores materiales del crimen.
La única cadena perpetua recayó en el mayor en retiro del Ejército, Carlos Herrera Jiménez.
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