El día 28 de enero del presente año el abogado Lorenzo Morales interpuso un recurso de nulidad en representación de Waikilaf Cadín Calfunao en contra de la sentencia definitiva condenatoria dictada el 18 de enero de este año, donde el tribunal oral en lo penal de la ciudad de Temuco condenó al mencionado comunero mapuche debido a dos causas por infracción a la ley de control de armas a más de 4 años de cárcel. Se le acusa de activar dos bombas de ruido en un supermercado de Temuco en el año 2008 y de posesión de materiales para la construcción de artefactos explosivos en el 2010, entre ellos nitroglicerina y C4. El letrado afirma en su presentación ante el tribunal que Waikilaf no tuvo un debido proceso, acusando a la fiscalía de parcialidad; en 45 páginas se intenta demostrar a la corte suprema que los jueces que votaron la sentencia condenatoria obviaron las pruebas presentadas por la defensa de manera arbitraria; además de validar los procedimientos de recolección de pruebas que Morales define como irregulares, argumentos que la jueza Ximena Saldivia Vega consideró válidos, votando en minoría por la absolución del imputado. De igual forma el texto que solicita la nulidad expone una serie de elementos contradictorios en las declaraciones de los testigos presentados por la fiscalía, que en su mayoría fueron representantes de las fuerzas policiales. En definitiva la solicitud de la defensa de Waikilaf Cadín argumenta que la fiscalía no logró demostrar la presencia del comunero en la escena de la bomba de ruido el 2008, y que de manera irregular se determinó el domicilio y aposento de Waikilaf donde se encontraron los elementos para la elaboración de explosivos el 2010. Aún así, con policías que presentan contradicciones en sus declaraciones rememorando los procedimientos de recogida de pruebas; con un testigo que no confirma la presencia del imputado el día del hecho, sino al día siguiente; con una lista importante de elementos a considerar como parciales a la hora de juzgar; se estima a un joven comunero culpable de poner bombas y de poseer elementos para su construcción sin declararlo un peligro para la sociedad (SIC), Waikilaf por su parte, espera tranquilo en su hogar que su abogado logre esclarecer este nuevo montaje. La justicia en este caso muestra similares anomalías en el proceso, una fiscalía con gran cantidad de pruebas con irregulares procedimientos en su consecución y parcialidad de sus jueces en la validación de estas mismas. El fiscal de la novena región, señor Osmar Mérida, afirma que existen nexos entre este caso con el bullado caso bombas de Santiago, esperemos entonces que también se asocie el concepto de montaje a este juicio, declarándosele nulo, obligando también al ministerio público a pagar los costes del juicio y además a reconocer su ineficiencia en perseguir delitos y que lo único que han logrando es construir falsas verdades, engañar al sistema judicial y a los medios de comunicación creando una ficción malévola que solo desvía la atención de los verdaderos problemas sociales que existen en la zona y en el país.
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