Graves discrepancias entre ministerio del Interior y abogados del Programa de Derechos Humanos del mismo ministerio. Se analiza seriamente su cierre.

Graves discrepancias entre ministerio del Interior y abogados del Programa de Derechos Humanos del mismo ministerio. Se analiza seriamente su cierre. Abogada despedida con fuero maternal: "El Gobierno quiere que se acabe". Diputado Gutierrez: "Me preocupa que quieran interferir en la labor de los profesionales"

Fuente Cambio 21

El ministerio del Interior recibió un balde de agua fría de parte del Programa de Derechos Humanos de la misma cartera. La ultima decisión de los abogados de pedir la citación a declarar del embajador en Panamá, Alberto Labbé, en el marco de la investigación de la Operación Cóndor, sorprendió a la cartera dirigida por Rodrigo Hinzpeter y a la Cancillería, esto debido a que no estaban enterados de la gestión pedida por la abogada Karina Fernández, quien hizo el seguimiento del caso desde la administración anterior.

Hinzpeter y el subsecretario Rodrigo Ubilla tuvieron una extensa reunión para analizar la situación. Sobre el tema Ubilla explicó que “dos ejemplos concretos de la politización de este tema ha sido la decisión objetiva por parte de dos abogados del programa de no comunicarle a su jefa respecto de los procesos que correspondía realizar”.

En la actualidad, en el area jurídica del programa trabajan 17 abogados. Trece de ellos vienen de la administración anterior –como Fernández- y cuatro han sido contratados por la nueva directora Rossy Lama. Pese a todo, altas fuentes de Interior aseguraron que por el momento no tomarán “ninguna” medida en contra de los juristas que han incumplido un instructivo sobre la materia.

Aunque esta situación no es nueva pues, en mayo pasado, otro abogado pidió que interrogaran al subsecretario de Defensa, Oscar Izurieta, por la muerte de Víctor Jara. En ambos casos no se informó a la ya mencionada directora del programa.

Y la lista continúa. Los abogados del programa manifestaron su apoyo a la labor realizada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), organización que recibió críticas por parte del gobierno luego que dirigentas cuestionaran la efectividad de la cita que tuvieron con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

Magdalena Garcés leyó en el Palacio de Tribunales una declaración pública que sostenía que “en nuestra calidad de abogados de Derechos Humanos, que hemos permanecido a lo largo de varios años junto a los familiares de detenidos desaparecidos, manifestamos nuestro apoyo a la AFDD, en respaldo a su constante lucha por obtener la verdad, justicia y castigo efectivo a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar”.

Junto con esto, señalaron que “nos parece importante, en pro de la defensa de los Derechos Humanos, que se mantenga el diálogo entre el gobierno y las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, convencidos de que éste fortalece la democracia y que resulta imprescindible para que se satisfagan las obligaciones internaciones que en la materia pesan sobre el Estado de Chile”.

Diputado Gutiérrez cuestiona a directora de programa de DDHH

Críticas al gobierno por las declaraciones respecto de la supuesta lentitud de los abogados del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, expresó el diputado y presidente de la comisión de esa materia en la Cámara, Hugo Gutiérrez.

“El tema de fondo es cómo estos abogados han llevado estas causas y el juicio que se tiene que tener respecto de ellos en términos de su efectividad. Tenemos procesos que van con gran lentitud y eso nos preocupa”, comentó.

Gutiérrez estimó que Ubilla “tiene un gran desconocimiento de lo que está ocurriendo el día de hoy con las causas de derechos humanos, ha habido un avance sustancial importante en el desarrollo de todas estas causas que son complejas, que son difíciles”

El legislador comunista y abogado experto en este tipo de causas, enfatizó que “los retrasos en el desarrollo de los procesos por crímenes en la dictadura se deben fundamentalmente a la falta de colaboración de los acusados”. Apuntó que “son causas que se entrampan porque efectivamente no hay cooperación de ninguno de los agentes del Estado que estuvieron involucrados, no son causas fáciles por tanto no es llegar y decir que acá es un problema de lentitud de los abogados”.

“Me preocupa que ellos quieran interferir en la labor de los abogados. Es fácil echarle la culpa a los abogados de que los procesos avancen de manera poco significativa, pero de otra manera, cuando los abogados quieren hacer justamente su trabajo, antes de hacerlo cada escrito tiene que ser conocido, revisado, por la nueva encargada que pusieron dentro del programa”, agregó en alusión a Rossy Lama.

El parlamentario, de paso, descartó la versión de Lama que aseguró que desconocía la notificación al embajador Labbé a declarar como inculpado en el caso Operación Cóndor.

“Habían cumplido todos los protocolos que habían sido impuestos por la señora Rossy Lama, en consecuencia ella estaba informada de que efectivamente estas acciones habían sido presentadas en contra del señor Labbé”, sostuvo Gutiérrez. Consideró que “ella debió haber informado a su vez al subsecretario Ubilla, lamentablemente no fue así y ahí está lo grave porque los protocolos impuestos por ella fueron cumplidos”.

"No quieren Derechos Humanos"

Una situación que hace unas semanas confirmó en exclusiva a Cambio21 la ex funcionaria del Programa de Derechos Humanos, la abogada Javiera Aguirre, quien fue despedida a pesar que la profesional estaba con fuero maternal.

En conversación con este portal aseguró que ha notado que dentro del programa en el que trabajaba existía un ambiente no grato. "Hay tres compañeros que debieron renunciar porque existía un ambiente hostil y no era agradable trabajar así".

"Yo creo sinceramente que estas gestiones se están dando porque en el gobierno no le han tomado el peso a lo que es esto y están haciendo todo lo posible para que se acabe”, subrayó la abogada Aguirre. "Aquí existe un asunto de hostilidad que está impidiendo el objetivo del programa. Eso es lo que sucede en el fondo", afirmó.

En tanto el ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, aseguró que no le extraña la situación. “Evidentemente hay una contradicción en lo que tiene que hace un abogado de derechos humanos y lo que debe hace la autoridad. Es incompatible”, dijo a Cambio21.

Agrega que aquí existe una rivalidad de la políticos de la derecha versus políticos de derechos humanos. “Aquí hay autoridades de gobierno que son lobos haciéndose pasar por hadas. Por nombrar algunos está Cristián Larroulet (ministerio Secretaría General de la Presidencia) y Joaquín Lavín (ministro de Educación) quienes participaron del gobierno de Pinochet y ahora son autoridad”, aseguró el profesional.

Además dijo que “deduzco que esto es un problema para el gobierno porque a Piñera lo apoya la UDI y ellos participaron activamente del régimen militar”. En cuanto al futuro del Programa de Derechos Humanos dijo que “se están acomodando a lo que deben hacer, aunque va a haber un problema contradictorio evidentemente. Y lamentablemente este en un año más será expuesto a la extinción”.