Juan Miguel Fuente - Alba Poblete
Comandante en Jefe del Ejército de Chile
Presente.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se dirige a usted, para solicitarle que le exija la renuncia inmediata al señor Guillermo Castro Muñoz al cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército y al Ejército de Chile, por el hecho de haber sido un agente de la CNI.
La Central Nacional de Informaciones fue una dependencia del Ejército creada para centralizar la represión que ejercía la dictadura militar sobre la sociedad chilena y, como tal, fue continuadora de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que fue calificada por la Comisión de Verdad y Reconciliación y por los tribunales de justicia como una asociación ilícita terrorista, creada para comete
r las más brutales violaciones a los derechos humanos. La espeluznante lista de crímenes cometidos por ambas instituciones militares aún provocan indignación en el mundo civilizado.
El señor Castro Muñoz aparece mencionado en el caso de los crímenes cometidos en la localidad de Paine donde se consumó el asesinato de 22 campesinos, reconoce haber estado presente en el Cuartel 2 del Cerro Chena donde fueron fusilados 11 obreros ferroviarios, aparece en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó a los tribunales cuando estos investigaban el asesinato del líder sindicalista Tucapel Jiménez y, además, él mismo reconoce haber sido miembro de esta organización. Este historial indica claramente que el Sr. Castro Muñoz desde los inicios de la dictadura militar fue participante voluntario de las actividades criminales desarrolladas por integrantes de las fuerzas armadas.
Señor Fuente-Alba, es inaceptable moral y éticamente que un ex integrante de la CNI ostente el cargo de 2º hombre del Ejército de Chile. Como usted bien sabe la mayoría de los crímenes cometidos durante ese período se encuentran impunes, por tanto, no se trata de que él no esté inculpado ni condenado por algún crimen en este momento. Se trata de que la mayoría de los crímenes están en etapa de investigación y la permanencia en la filas del Ejército de los probables inculpados sólo contribuye a que continúe la falta de colaboración que la fuerzas armadas han mostrado con los tribunales, situación constatada en múltiples fallos.
La mayoría de los condenados por crímenes de lesa humanidad en Chile fueron integrantes de la DINA y la CNI, lo que indica claramente que ambas instituciones son responsables de una gran cantidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período dictatorial, por tanto, de acuerdo a las palabras del Presidente de la República respecto de que “ningún responsable de violaciones a los derechos humanos será parte de la Fuerzas Armadas o del gobierno” es necesario que se les desvincule de inmediato de ambas instancias, lo que constituye para la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos una exigencia ética que le demandamos.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
Santiago, 4 de febrero de 2011
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