Declaración Pública
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos desea expresar ante la opinión pública nacional e internacional su profunda solidaridad con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por los acontecimientos vividos a raíz de la reunión llevada a cabo con el Presidente dela República. Al respecto queremos expresar lo siguiente:
1. El Estado chileno ha ratificado a plenitud un conjunto de convenios internacionales de derechos humanos que está obligado a cumplir. Por tanto, las demandas por verdad y justicia no son negociables frente a un gobierno de turno y las agrupaciones de derechos humanos al exigirlas cumplen con una obligación ética y moral.
2. La pretensión democrática del gobierno actual lo obliga a recibir y escuchar a las organizaciones sociales legítimamente representantes del mundo social. Por tanto, la audiencia concedida y las futuras audiencias requeridas por las organizaciones de derechos humanos no son concesiones graciosas del gobernante sino una obligación democrática. Ha habido gobiernos que no lo han considerado así y ello ha quedado como una oscura mancha en su historia.
3. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos es una organización que cuenta con el mayor prestigio democrático posible de encontrar en nuestro país y ha cumplido cabalmente con su deber al informar a la opinión pública nacional e internacional las circunstancias en que se desarrolló y la manera en que terminó la reunión llevada a cabo con el Presidente de la República. Las descalificaciones a su actuar y las amenazas de no volver a recibirla solo muestran la debilidad de los valores democráticos de quien las ha expresado.
4. Las Agrupaciones de Derechos Humanos existen en Chile porque durante el largo período de la dictadura se violaron planificada, sistemática y masivamente los derechos humanos de cientos de miles de chilenos y chilenas por parte del Estado y de agentes del Estado que han logrado, en su gran mayoría, mantenerse en la impunidad. El gobierno de turno debe reconocer que está gobernando un Estado que violó los derechos humanos y que tiene la obligación de responder por los crímenes cometidos.
5. En este sentido se inscribe también el rechazo de las organizaciones de derechos humanos a la posibilidad de incluir a los pocos condenados por violaciones a los derechos humanos dentro del llamado Indulto Bicentenario ya que ello significaría un gran retroceso en lo poco avanzado.
Finalmente, la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos llama a las organizaciones sociales, políticas, culturales a expresar su solidaridad con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a rechazar la inclusión de violadores de derechos humanos en el Indulto Bicentenario.
Santiago, 29 de junio de 2010
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