AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

DECLARACIÓN PÚBLICA

La crisis a nivel mundial que hoy en día vive la Iglesia Católica, envuelta en diversos escándalos de abusos sexuales, de vida licenciosa, doble estándar y silencios cómplices por parte de las autoridades máximas, también se ha visto mezclada con graves silencios políticos frente a atropellos a los derechos de su llamada feligresía.

Chile no ha estado exento de tales situaciones, la posición de la Iglesia, que por definición debería estar al lado de los más débiles no ha sido fiel a su mandato. Esta institución eclesiástica supera con creces el ámbito al que debería estar reducida, el espiritual y su injerencia en lo político se hace innegable, en lo reciente, en su llamamiento a los “indultos bicentenarios”, se cuida de no mencionar que están fuera de ese beneficio los violadores de derechos humanos, mencionamos solo esta ex profeso omisión, según nos señaló en entrevista con esta Agrupación, Monseñor Errázuriz.

Es en este contexto, que para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no es indiferente el nombramiento del sucesor de Monseñor Errázuriz, que se enmarca dentro de la derechización de la Iglesia en general y en particular de la chilena, olvidada ya de la labor en pro de la defensa de los humildes, de los ofendidos de la tierra que llevo a cabo Monseñor Raúl Silva Henríquez.

Se trataría del obispo de la diócesis de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, sacerdote numerario miembro del cuestionado Opus Dei, capitán de Carabineros en retiro, experto en Derecho Canónico, cuyo desempeño durante la dictadura lo ligó en una singular “comisión de servicio” en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, lugar en donde se acopiaba toda la

Información de los servicios de seguridad de la época, tales como las de la CNI, llegando a ser con posterioridad nombrado como miembro del directorio del diario La Nación.

Juan Ignacio González Errázuriz no oculta su fervor por la dictadura ni por La Obra, lo que se ve graficado tanto en su tesis doctoral como en los símbolos de su escudo como obispo. Su nombramiento representaría un grave retroceso para la sociedad en su conjunto y muy peligroso en momentos como estos en que el cuestionamiento a la Iglesia se hace cada vez más evidente.

Hoy es tiempo para que la Iglesia Católica recupere las confianzas perdidas, estando al lado de los que sufren, los desposeídos, de los que son vulnerados sus derechos y no de quienes creen que el statu quo es Obra de Dios, de quienes moralizan, negándose a dar la comunión a divorciados, estigmatizando a los que poseen una opción sexual diferente y que hacen causa común con personas como el Cardenal Bertoni, de cuyas declaraciones en su paso por Chile mejor ni acordarse, ni de Monseñor Medina, cuya influencia en el Vaticano es importante y también de triste memoria.

Finalmente nos parece oportuno se aclare la participación de este obispo de San Bernardo en la defensa de los carabineros involucrados en el degollamiento de tres profesionales en 1985, fecha por las cuales este obispo se desempeñaba cómo abogado de la Dirección de Personal de Carabineros de Chile.

Estos son algunos de los turbios antecedentes que engalanan a quien podría ser nombrado como obispo de Santiago. Es nuestro deber denunciarlo y desde nuestro lugar como familiares de las víctimas de la dictadura, agotar todas las instancias para que un sujeto de estas características no llegue a ocupar un puesto que no solo tiene repercusiones en lo espiritual, sino también un fuerte componente político.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 6 de junio de 2010