Diputados constituyen Comisión que analizará acusación constitucional contra Intendenta de Atacama y gobernador de Copiapó por amedrentamiento político. Diputado Fernando Meza: “Estamos preocupados que se respete la libertad de conciencia de todos los chilenos”

Fuente Cambio 21

Luego que parlamentarios de la Concertación presentaran la semana pasada una acusación constitucional contra la Intendenta de Atacama Ximena Matas (RN) y el gobernador de Copiapó, Nicolás Noman (UDI), por haber solicitado la militancia política de sus funcionarios, lo que fue causa de despidos, se constituyó la comisión que analizará dicha acción.

Los integrantes son los diputados Pedro Browne y Nicolás Monckeberg, de RN, más Nino Baltolú (UDI), Fernando Meza (PRSD) y Gabriel Ascencio (DC).

“Lo más importante es poder dar un testimonio al país de que las acusaciones constitucionales se analizan en su mérito, con mucha estrictez, porque es la máxima instancia que tiene la Constitución para fiscalizar”, dijo Monckeberg tras ser electo como presidente de la instancia legislativa.

Tras esto, aseguró que “vamos a trabajar para que haya totales garantías de que no habrá uso político de ningún sector, porque en esta comisión las posturas políticas deben dejarse de lado”.

Browne, en tanto, agregó que “es muy serio acusar constitucionalmente a alguien, y el análisis debe ser basado en el mérito jurídico. Vamos a analizar los antecedentes en profundidad y ojala que a partir de esta investigación se saquen conclusiones positivas para el país”.

En conversación con Cambio21, el parlamentario Fernando Meza dijo estar muy conforme con la comisión, “ya pertenecí a una cuando se intentó acusar al entonces Intendente de Santiago, Marcelo Trivelli”.

“Por parte de los diputados de la Alianza, se solicitó la presencia de tres constitucionalistas y por parte del diputado Ascencio y mía otros tres, para que así ésta acusación sea analizada y ver si corresponde o no. Lo único que espero es que sea vista con todo respeto y que los expertos no se dejen influenciar”, añadió.

“Esperamos que las autoridades entiendan que no se puede estar pidiendo la militancia política a los empleados. En esta situación, estamos –a lo menos- frente a una falta grave. Aquí nos estamos preocupando de que se respete la libertad de conciencia de todos los chilenos. Hay que tener tolerancia y en cuanto a si pueden existir otras acusaciones, esto dependerá de las autoridades que sigan o no en esta línea en la que están”.

Respecto al panorama que existe por los despidos, Meza afirma que “es muy preocupante. Nuestra bancada creó una página web: www.exoneradosporpinera.cl, la cual tiene como finalidad que quienes sean despedidos ingresen su denuncia y sólo esta semana hemos recibido 70 por parte de los funcionarios del Ministerio de Educación que han sido desvinculados”.

“Todo esto va a llevar a una polarización de aquellos más de 3 mil funcionarios despedidos y de esas 3 mil familias afectadas. Es una situación grave si consideramos que no había ocurrido en democracia tras la dictadura. Por mucho que se diga que son “operadores políticos”, nada lo justifica y mucha de la información que se ha entregado es falsa y para mí es algo lamentable”.

En cuanto al informe que dio a conocer el gobierno y que fue publicado por el diario El Mercurio, donde se afirma que hubo exoneraciones mayores durante los gobiernos de la Concertación y que fueron silenciados, Meza asegura que “es todo lo contrario, la Concertación respetó a los trabajadores públicos y no se les despidió. Es más, muchos de ellos quedaron atados, y bien atados, desde la dictadura, entonces no se de que cifra me hablan. Sólo en el Ministerio de Educación ya se ha despedido a 700 funcionarios”.