A días de que la Conferencia Episcopal haga llegar a La Moneda su propuesta para aplicar amplios indultos con motivo del Bicentenario, una postura coincidente ya existe en los partidos y parlamentarios oficialistas: que la fórmula que aplique el gobierno no fije a priori ninguna discriminación entre civiles y militares.
En el Ejecutivo están al tanto de que la propuesta de la Iglesia -que beneficiará a reos de avanzada edad o con su salud deteriorada- no distinguirá entre delitos comunes o hechos de connotación política, como violaciones a los DD.HH. Por lo tanto, la decisión de incluir o excluir a ex uniformados saldrá desde Palacio.
"Si se trata de delitos de menor gravedad o donde las participaciones han sido menores no se debería diferenciar", señaló ayer el senador UDI Andrés Chadwick, para quien el distingo debe ser "el tipo de delito".
A juicio del timonel de RN, Carlos Larraín, "los beneficios carcelarios deben aplicarse sin distinción", mientras que el senador independiente Carlos Cantero expresó que "debería ser un indulto amplio".
Su par de RN Lily Perez matizó esta postura, subrayando que deben excluirse los hechos de sangre. Sin embargo, precisó que los delitos de DD.HH. deben verse "caso a caso".
En la misma línea, el diputado de ese partido Cristián Monckeberg dijo que debe "abrirse un espacio" para quienes no estuvieron directamente en hechos de sangre. Y la diputada UDI María Angélica Cristi destacó que "muchos" de los militares que cumplen penas obedecieron órdenes.
El tema fue abordado en la cita que tuvo Piñera con los senadores Alberto Espina, Andrés Allamand, Andrés Chadwick y Pablo Longueira en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, aunque el Mandatario no confirmó que criterio utilizará.
Hoy la Constitución sólo fija dos caminos para un indulto, que únicamente es aplicable a personas con "condenas a firme". No sirve para procesados o condenados en instancias preliminares.
Una vía es mediante una ley tramitada en el Congreso. Debe ser orientada en términos generales, "sin nombres ni apellidos", y sólo puede fijar criterios para el beneficio. Por ejemplo, madres con hijos, mayores de 70 años o enfermos terminales.
En el oficialismo sostienen que beneficiar mediante esta fórmula a un ex militar condenado por delitos de sangre tiene un riesgo, ya que puede abrir la puerta para que un criminal común sea beneficiado, sobre la base de que la ley es pareja.
Además, el indulto general por ley requiere de quórum calificado, es decir, el voto de al menos 61 diputados y 20 senadores. Actualmente el oficialismo es minoría, pues sólo tiene 17 escaños en el Senado y 58 en la Cámara. Y en La Moneda saben que la Concertación bloqueará cualquier iniciativa que favorezca a ex militares.
No obstante, la Carta Fundamental ofrece una segunda alternativa: la facultad del Presidente. Pero este indulto sólo se puede invocar en términos particulares o "caso a caso".
Esta última fórmula puede implicar altos costos políticos. En 2005, Ricardo Lagos indultó al ex suboficial Manuel Contreras Donaire, lo que le causó roces con la entonces candidata Michelle Bachelet. En tanto, en la pasada campaña presidencial, una de las principales armas de la Alianza fue el indulto que en 1994 entregó Eduardo Frei al ex narcotraficante Angel Vargas.
En vista del escenario complejo, en La Moneda han optado por guardar silencio, a la espera de conocer la propuesta definitiva de la curia chilena, mientras algunos obispos han iniciado sondeos entre parlamentarios.
los asecinos tienen que pagar ellos fueron complices de tan grande matanza en nuestro pais es obvio que los de derecha quieren que los perdones el indulto deveria ser para personas de avanzada edad con enfermedades graves y estudiar casos como de robos sin resultados de muerte y que tienen buen comportamiento tienen q creer en su reinsercion social yaq son primerisos ellos tienen derecho a una segunda oportunidad
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