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miércoles, 30 de junio de 2010

Autopsia confirma que joven murió de una golpiza en furgón policial en Cabrero

Fuente Cambio 21

La Fiscalía Militar investiga la muerte de un joven de 19 años en un furgón policial la noche del sábado, luego de que fuera detenido por "desórdenes y ebriedad".

Francisco Coronado Cárdenas fue detenido junto a su hermano y a su pareja la noche del sábado en un recinto deportivo de Cabrero donde se celebraba una feria campesina.

Según lo informado, los detenidos fueron trasladados del recinto deportivo al cuartel de la localidad en un furgón policial, y cuando abrieron las puertas del vehículo, Coronado "no reaccionaba".

El hermano del fallecido, Piero Coronado, aseguró que seis carabineros "lo sacaron de la silla, lo esposaron, y le pegaron con las lumas".

Mientras, su madre, Sandra Cárdenas, afirmó: "Los tiraron dentro del furgón, como animales, y mi hijo llegó a la comisaría sin signos vitales".

La Fiscalía militar solicitó a la Policía de Investigaciones que hiciera los peritajes pertinentes, y se inició un sumario interno paralelo instruido por Carabineros.

Por su parte, el fiscal de la zona, Carlos Pinto, informó de la muerte de una persona "en un procedimiento policial", y explicó que están a la espera del resultado de la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal.

Embajador chileno en Panamá -hermano del alcalde de Providencia- declarará como inculpado por Operación Cóndor

Fuente Cambio 21

La jueza suplente en la investigación por el caso Operación Cóndor, Raquel Lermanda, citó a declarar en calidad de inculpado al embajador designado de Chile en Panamá, Alberto Labbé, por sus presuntos vínculos con el ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, el único chileno condenado en Argentina por el crimen del general Carlos Prats.

Lo anterior, luego de la petición del programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior para que Labbé -quien es hermano del alcalde de Providencia, Cristián Labbé- aclare su labor en 1975 como segundo secretario de la embajada de Chile en Argentina.

Actualmente, la jueza Lermanda reemplaza en esta causa al ministro Víctor Montiglio, por presentar problemas de salud.

La justicia investiga que Arancibia, en su calidad de informante, habría enviado antecedentes de refugiados chilenos a organismos de los régimen militar, a través de la embajada.

Postulantes a Escuela de Gendarmería denunciaron "discriminación"

Algunos de los jóvenes que asistieron a la institución alegaron "malos tratos".

Sostuvieron que fueron encerrados al medir menos de lo requerido.

Cooperativa.cl

Un grupo de postulantes a la Escuela de Gendarmería, ubicada en San Bernardo, denunció malos tratos y discriminación y malos tratos por parte de los oficiales a cargo.

CImagenarlos Plaza Parada indicó a Cooperativa que la situación se debió a que medían menos de los 1,65 metros requeridos, por lo cual estuvieron encerrados siete horas en dependencias institucionales.

"Nos midieron y vieron que teníamos menos estatura de lo necesitado, tenían los 1,65 metros marcado en la pared con lápiz grafito, no tenían regla y después de eso nos aislaron en una pieza", apuntó.

Por su parte, Gendarmería evitó referirse al asunto hasta con contar con todos los antecedentes.


El crimen que involucra al actual director del GOPE

Para no olvidar.....
por Prensa OPAL (Chile)

Sergio Gajardo Giadach y el Caso Mamiña: Muertes para aterrorizar

Con una romería en el Cementerio general de Santiago , familiares, amigos y dirigentes políticos. Conmemoraron la matanza de tres opositores al régimen de pinochet, en manos de funcionarios de Carabineros el 1 de Julio de 1986.

Los hechos
Durante las ultimas horas del día 30 de junio y las primeras del primero de julio de 1986, fuerzas represivas y personal del GOPE (Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros) violentaron el domicilio del artista popular y folclorista, Benedicto “Piojo” Salinas, ubicado en la calle Mamiña Nª 150, en la periferia de Santiago. Durante esa acción, según investigaciones, los uniformados habrían dado muerte a Margarita Martín Martínez, Maria Paz Martín Martínez e Isidoro Salinas Martín; Esposa, cuñada e hijo del folclorista.

Según la versión entregada por Carabineros a los medios de prensa de la época, en la medianoche del lunes primero de julio de 1986, efectivos de la Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, apoyada por otras unidades policiales practicó un allanamiento al inmueble de la calle Mamiña N° 150, de la comuna de la Cisterna. Encontrando los cuerpos sin vida, de las hermanas Martin Martínez, y del joven Isidro Salinas.

Se informa asimismo que los tres fallecidos eran integrantes del FPMR muertos por auto eliminación mediante disparos efectuados desde corta distancia.

Esta versión contrasta diametralmente con las indagaciones posteriores. Carabineros trato de encubrir el crimen diciendo, que una de las mujeres disparó contra la otra y contra el niño, para luego auto eliminarse, lo que quedó completamente descartado, ya que las victimas no tenían rastros de pólvora en sus manos.

Los informes de autopsia constatan:
-“En el cadáver de Isidro Salinas, presentaba dos impactos en la cabeza, uno de larga y otro de corta distancia”.
- En el de María Paz Martín, la causa de la muerte, es una herida de bala, cráneo encefálica. La trayectoria seguida por el proyectil, es de derecha a izquierda, abajo arriba y levemente hacia atrás. Se trata de un disparo con cañón apoyado.

- En el caso de Margarita Eliana Martín, la causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico y toráxico por balas con salida de proyectil.

Los exámenes a las armas encontradas junto a los cadáveres, eran un revolver marca Colt Calibre 38, en regular estado de funcionamiento y una pistola sin marca modelo D 64 calibre 9 mm. , con un cartucho en su recámara sin percutar.

La premura con que la policía da a conocer la militancia de las víctimas, deja en evidencia una persecución política a priori, agudizada por el antecedente de la muerte de Pedro Martín Martínez, Rodriguista fallecido en un confuso accidente tras una voladura de vías del ferrocarril un año antes.

La ministra en visita de la corte de apelaciones de san Miguel, Ariaselva Ruz, individualizó y encargó reo a funcionarios de carabineros que participaron en el operativo, pero se declaro incompetente, dejando que actuara la Fiscalía militar, quien sobreseyó el caso sin dictar responsabilidades.

Entre los sindicados como culpables de estos crímenes y sobreseídos por la Fiscalía Militar, figuran:

Sergio Gajardo Giadach, actual Director del GOPE. Experto tirador, que en el año 1978, siendo subteniente, se coronó Campeón de Tiro, en un Torneo Inter Institucional de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Posteriormente en el año 1985 ,en el Campeonato Internacional de Tiro, realizado en Bophuthaswana, Sudáfrica, con rango de Teniente, obtuvo el Primer lugar individual con 584 puntos. Este uniformado también figura en la nómina de acusados por la tortura y posterior muerte, de los jefes máximos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez FPMR (Cecilia Magni y Raúl Pellegrin), según consta en el proceso judicial, rol 5004.

Julio Eladio Benimelli Ruz, Mayor. Fallecido el 26 de enero de 1988, como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo. El Mayor, junto a otros funcionarios policiales, acudió a una casa ubicada en la comuna de La Cisterna, a investigar una denuncia de los dueños de la propiedad, acerca de la existencia de armas. En ese entonces era Jefe del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE).

José Luna García, sargento

Augusto Sobarzo Legido, comandante. Como encubridor

La antesala del crimen
Corrían los primeros meses del año 1986 y los movimientos sociales hicieron de la protesta, una vía de movilización permanente, buscando profundizar el conflicto político y social, con el empleo de todas las formas de lucha, que permitiera la caída de la Dictadura de Pinochet, que a balas y sangre se perpetuaba en el poder desde el 11 de septiembre de 1973, con la complicidad de la derecha Chilena y el gobierno norteamericano.

La Dictadura Militar y sus colaboradores civiles de la derecha, preparaba la transición institucional, asegurándola a través de dos vías: La represión selectiva (secuestros, flagelamientos y destrucción del “enemigo”) y el terror masivo (copamiento de calles y poblaciones, allanamientos, censura y empleo de la Unidad Fundamental Antiterrorista -UFA- (unidades operativas adaptadas a la guerra en la ciudad, al enfrentamiento con la guerrilla urbana).

El Centro político, fortalecido por la alianza lograda, con la firma del “Gran Acuerdo Nacional” para la “transición a la plena democracia”, persistiría en una “salida negociada”. De las demandas globales (“No a Pinochet”, “No a la Constitución”, “Asamblea Constituyente”, “Plebiscito y Renuncia”), se había retrocedido en sus expectativas a un encuentro entre personalidades civiles y militares para dirigir la transición.

Finalmente, con el ánimo de negociación, paulatinamente iría cundiendo la idea de reconocer la Constitución de 1980, para ensayar desde adentro su transformación, lo que transformaría el Movimiento de Protesta, en base electoral para una transición institucional.

Por su parte, la izquierda, no sin divisiones internas, se encontraba en un momento de decisiones estratégicas, acumulando sobre la marcha fuerzas «en caliente», internando recursos humanos y medios. Se preparaban para el enfrentamiento, considerando la Protesta, como una escuela de aprendizaje. Al copamiento de calles y poblaciones por parte de las fuerzas represivas, se respondía con las Barricadas. Al allanamiento, con bombas caza-bobos. Al armamento convencional, con armamento casero. Al desplazamiento de unidades moto-mecanizadas, con minas “vietnamitas”. A la clausura de medios de comunicación, con radios clandestinas. Y a la UFA (Unidades antiterroristas), con micro-grupos operativos o milicias urbanas.

El equilibrio se tornaba catastrófico. Así se llegaba a un 1º de mayo (1986) extraordinariamente violento. Momentos de explosión social, de permanentes enfrentamientos, tanto pacíficos como violentos, fueron la respuesta a la estrategia-militar con que actuaba el régimen, con el objetivo de Infundir Miedo.
La protesta convocada para los días 2 y 3 de Julio de 1986 se preveía violenta. Pero, el discenso en la oposición, seguía impidiendo la constitución de una fuerza estratégica que pusiera en peligro al régimen. Este jugaba al desgaste opositor y sometía a la población a la guerra psicológica para quebrantar su estado de ánimo. La represión selectiva se expandía, a los muertos y heridos que provocaban los disparos desde autos polarizados, se sumó la aparición de cuerpos de opositores destrozados por explosiones dinamiteras, simultáneamente decenas de jóvenes, líderes en sus comunidades, eran golpeados o amedrentados. La represión masiva la sufrían los pobladores y la ciudadanía -en general- con allanamientos prolongados. Las ciudades habían sido militarizadas. La espera a la jornada de protesta era tensa. Fue en ese contexto, cuando en la madrugada del 1 de julio, fuerzas represivas de Carabineros, asesinan a tres presuntos miembros del FPMR, luego de un allanamiento en un inmueble de la calle Mamiña Nº 150, de la comuna de La Cisterna, sector sur de la capital. Esto marcaría el comienzo de una escalada terrorífica de asesinatos, cuya aberración máxima se alcanzó, cuando dos jóvenes (Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri), fueron quemados vivos por una patrulla militar.
Si el Terror produce paralización, la faena estaba cumplida, de manera que confiadamente el ministro de defensa de la época, podía declarar 24 horas antes de la Jornada de Protesta Nacional ... “no creemos que vaya a ser un paro general”.
Sin embargo, la paralización fue total. Pero con un triste saldo de vidas humanas

OPAL Chile
, Prensa para América Latina,



martes, 29 de junio de 2010

AGRUPACIÓ DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLITICOS


Declaración Pública

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos desea expresar ante la opinión pública nacional e internacional su profunda solidaridad con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por los acontecimientos vividos a raíz de la reunión llevada a cabo con el Presidente dela República. Al respecto queremos expresar lo siguiente:

1. El Estado chileno ha ratificado a plenitud un conjunto de convenios internacionales de derechos humanos que está obligado a cumplir. Por tanto, las demandas por verdad y justicia no son negociables frente a un gobierno de turno y las agrupaciones de derechos humanos al exigirlas cumplen con una obligación ética y moral.

2. La pretensión democrática del gobierno actual lo obliga a recibir y escuchar a las organizaciones sociales legítimamente representantes del mundo social. Por tanto, la audiencia concedida y las futuras audiencias requeridas por las organizaciones de derechos humanos no son concesiones graciosas del gobernante sino una obligación democrática. Ha habido gobiernos que no lo han considerado así y ello ha quedado como una oscura mancha en su historia.

3. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos es una organización que cuenta con el mayor prestigio democrático posible de encontrar en nuestro país y ha cumplido cabalmente con su deber al informar a la opinión pública nacional e internacional las circunstancias en que se desarrolló y la manera en que terminó la reunión llevada a cabo con el Presidente de la República. Las descalificaciones a su actuar y las amenazas de no volver a recibirla solo muestran la debilidad de los valores democráticos de quien las ha expresado.

4. Las Agrupaciones de Derechos Humanos existen en Chile porque durante el largo período de la dictadura se violaron planificada, sistemática y masivamente los derechos humanos de cientos de miles de chilenos y chilenas por parte del Estado y de agentes del Estado que han logrado, en su gran mayoría, mantenerse en la impunidad. El gobierno de turno debe reconocer que está gobernando un Estado que violó los derechos humanos y que tiene la obligación de responder por los crímenes cometidos.

5. En este sentido se inscribe también el rechazo de las organizaciones de derechos humanos a la posibilidad de incluir a los pocos condenados por violaciones a los derechos humanos dentro del llamado Indulto Bicentenario ya que ello significaría un gran retroceso en lo poco avanzado.

Finalmente, la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos llama a las organizaciones sociales, políticas, culturales a expresar su solidaridad con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a rechazar la inclusión de violadores de derechos humanos en el Indulto Bicentenario.

Santiago, 29 de junio de 2010


Senador Frei cuestionó el nombramiento de nuevo subsecretario de Redes Asistenciales ligado a caso Frei Montalva. "Van a gobernar los que estuvieron v

Fuente Cambio 21

El senador de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei, cuestionó el nombramiento de Luis Castillo como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, debido a sus vínculos con la investigación que se sigue sobre la muerte de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

"Esto ha sido encubierto permanentemente por médicos de la Universidad Católica, entre ellos, el nuevo subsecretario. El gobierno dijo que van a gobernar los mejores. No. Van a gobernar los que estuvieron vinculados con la dictadura, entonces es preocupante", afirmó.

"No puedo estar en acuerdo con una medida que me parece altamente inconveniente para el país. Sería retroceder en el tiempo el esfuerzo que hemos hecho en estos 20 años para ir ayudando a las familias de detenidos desaparecidos. Es una persona que negó sistemáticamente en la Universidad Católica que existió una seudo autopsia al Presidente Frei (Montalva), cosa que vino a descubrirse casi 20 años que fue falsificada en los libros del año 92, 10 años después de su muerte", manifestó el parlamentario.

Luis Castillo fue nombrado como subsecretario de Redes Asistenciales tras la renuncia de Giovanna Gutiérrez, quien dejó el cargo por "problemas familiares", aunque desde La Moneda también se dijo que se le pidió la renuncia por no estar en sintonía con el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Por otro lado, Frei criticó la iniciativa impulsada por la Iglesia Católica de implementar indultos bicentenarios, lo cual calificó de "improcedente".

"Me parece absolutamente improcedente. Yo estoy tremendamente preocupado, imagínese que indultaran a las personas que están presuntamente indicados como cómplices o autores del caso del Presidente Frei (Montalva) y tantos otros que no se han aclarado", enfatizó el ex Mandatario.

Senador Pérez: indulto podría favorecer a militares acusados por violaciones a los derechos humanos

El senador de la UDI Víctor Pérez comentó que un posible proyecto de "indulto Bicentenario" podría beneficiar incluso a un condenado por violación a los derechos humanos, en respuesta al emplazamiento que hizo este martes el senador Eduardo Frei en Cooperativa.

El parlamentario afirmó que "no se va a indultar a nadie que sea narcotraficante ni violador de niños ni que haya cometido delitos atroces, por lo tanto, la preocupación del ex Presidente Frei no tiene ningún asidero".
Sin embargo tras preguntarle si aquellos "delitos atroces" involucra a condenados por derechos humanos, Pérez aseguró que "hay personas que están condenadas y han tenido distintos grados de participación y por ende hay que ver caso a caso".

Investigan a seis carabineros por muerte de joven en furgón policial en Cabrero

Fiscal Militar, Carlos Pinto Aparicio, espera recibir en los próximos días informe del S.M.L que determinará la causa de muerte de Francisco Coronado.
Por UPI.

Una serie de diligencias que incluyen interrogatorios a personal policial y testigos de los hechos ordenó el fiscal militar de Los Ángeles, Carlos Pinto Aparicio, quien investiga la muerte de un joven de 19 años al interior de un furgón de Carabineros en la comuna de Cabrero, Región del Biobío.Los hechos ocurrieron, la madrugada del domingo, cuando Francisco Coronado Cárdenas, de 19 años, se encontraba participando de una fiesta costumbrista junto a su hermano y polola. Los jóvenes habrían provocado una serie de desórdenes lo que llevó a los dependientes del lugar a llamar a Carabineros quienes los detuvieron y subieron a un furgón policial para ser trasladados a una comisaría. Francisco Coronado dejaría de existir al interior del vehículo.Familiares del joven fallecido aseguran que antes de ser ingresado al furgón policial, éste fue esposado y habría sido golpeado con lumas en su cabeza y pies. Consultado por esta versión,, el fiscal militar Carlos Pinto Aparicio dijo a latercera.com que “eso es parte de la investigación y todavía tengo que determinar eso. Una vez que tenga todos los antecedentes estableceré que sucedió”.El fiscal militar agregó que “ya se han ordenado los peritajes de rigor y estamos esperando los resultados de estas diligencias. Yo cuento con las declaraciones de la gente que participó en estos hechos, los familiares y el personal de servicio (carabineros)”.“Mi investigación involucra a todo el personal que estaba de servicio ese día, porque todos pueden aportar antecedentes (…) estaríamos hablando en principio de seis funcionarios”, precisó el fiscal Carlos Pinto que señaló que una de las diligencias claves para determinar eventuales responsabilidades de los uniformados y tipificar posibles delitos será el el informe de causa de muerte que evacuará el Servicio Médico Legal. “Todavía no tengo una fecha cierta y ojalá (el informe) lo tenga en los próximos días”, manifestó el fiscal militar.
Paralelamente a la investigación fiscal, Carabineros inició un sumario interno.

lunes, 28 de junio de 2010

Más de 850 personas detenidas durante las protestas contra la Cumbre del G20


Muchos de los arrestados empezaron a ser liberados en la noche del domingo, tras la clausura de la Cumbre del G20, sin que la policía presentase cargos.

Fuente EFE.

Más de 850 personas fueron detenidas durante la Cumbre del G20 que terminó el domingo en Toronto dijo este lunes el jefe de policía de la ciudad, Bill Blair, quien añadió que hoy se pueden producir más incidentes.

Blair rechazó las críticas lanzadas contra las autoridades por la actuación policial que ha sido acusada de realizar arrestos masivos contra manifestantes pacíficos.

Muchos de los detenidos empezaron a ser liberados en la noche del domingo, tras la clausura de la Cumbre del G20, sin que la policía presentase cargos.

El grupo Amnistía Internacional (AI) ha solicitado una investigación independiente y la revisión de las medidas de seguridad tomadas por las autoridades canadienses.

Numerosos periodistas han denunciado que la policía les retuvo durante horas y en algunos casos les golpeó y arrestó cuando cubrían las manifestaciones.

La mayoría de los arrestos masivos se produjeron el domingo después de los disturbios que se vivieron en el centro de la ciudad el día anterior y que obligó a la organización de la cumbre a cambiar de hotel al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por motivos de seguridad.

Mientras, Toronto empezó hoy a limpiar las calles tras las manifestaciones y protestas del fin de semana y a desmontar la valla que rodeó el Centro de Convenciones donde se desarrolló la cumbre y varios de los hoteles de las delegaciones extranjeras.

En declaraciones a la radio pública canadiense CBC, el alcalde de Toronto, David Miller, criticó la decisión del Gobierno canadiense de celebrar el G20 en el centro de la mayor ciudad canadiense y rechazar su petición de que la reunión se celebrase en las afueras de la ciudad.

El coste de las medidas de seguridad también ha sido fuente de controversia.

La protección de la Cumbre del G20, y la Cumbre del G8 que se celebró los días 25 y 26 de junio a unos 200 kilómetros al norte de Toronto, costó más de 1.000 millones de dólares, una cantidad 50 veces superior a la seguridad de la Cumbre del G20 de Pittsburgh en el 2009.

Durante la Cumbre del G20, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, afirmó que la reunión de líderes del grupo que se celebrará en Francia en noviembre del 2011, costará mucho menos que la de Canadá.

Indulto Bicentenario: dirigentes y parlamentarios piñeristas piden al gobierno incluir a militares por delitos de violación a derechos humanos

Fuente Cambio 21

A días de que la Conferencia Episcopal haga llegar a La Moneda su propuesta para aplicar amplios indultos con motivo del Bicentenario, una postura coincidente ya existe en los partidos y parlamentarios oficialistas: que la fórmula que aplique el gobierno no fije a priori ninguna discriminación entre civiles y militares.

En el Ejecutivo están al tanto de que la propuesta de la Iglesia -que beneficiará a reos de avanzada edad o con su salud deteriorada- no distinguirá entre delitos comunes o hechos de connotación política, como violaciones a los DD.HH. Por lo tanto, la decisión de incluir o excluir a ex uniformados saldrá desde Palacio.

"Si se trata de delitos de menor gravedad o donde las participaciones han sido menores no se debería diferenciar", señaló ayer el senador UDI Andrés Chadwick, para quien el distingo debe ser "el tipo de delito".

A juicio del timonel de RN, Carlos Larraín, "los beneficios carcelarios deben aplicarse sin distinción", mientras que el senador independiente Carlos Cantero expresó que "debería ser un indulto amplio".

Su par de RN Lily Perez matizó esta postura, subrayando que deben excluirse los hechos de sangre. Sin embargo, precisó que los delitos de DD.HH. deben verse "caso a caso".

En la misma línea, el diputado de ese partido Cristián Monckeberg dijo que debe "abrirse un espacio" para quienes no estuvieron directamente en hechos de sangre. Y la diputada UDI María Angélica Cristi destacó que "muchos" de los militares que cumplen penas obedecieron órdenes.

El tema fue abordado en la cita que tuvo Piñera con los senadores Alberto Espina, Andrés Allamand, Andrés Chadwick y Pablo Longueira en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, aunque el Mandatario no confirmó que criterio utilizará.

Hoy la Constitución sólo fija dos caminos para un indulto, que únicamente es aplicable a personas con "condenas a firme". No sirve para procesados o condenados en instancias preliminares.

Una vía es mediante una ley tramitada en el Congreso. Debe ser orientada en términos generales, "sin nombres ni apellidos", y sólo puede fijar criterios para el beneficio. Por ejemplo, madres con hijos, mayores de 70 años o enfermos terminales.

En el oficialismo sostienen que beneficiar mediante esta fórmula a un ex militar condenado por delitos de sangre tiene un riesgo, ya que puede abrir la puerta para que un criminal común sea beneficiado, sobre la base de que la ley es pareja.

Además, el indulto general por ley requiere de quórum calificado, es decir, el voto de al menos 61 diputados y 20 senadores. Actualmente el oficialismo es minoría, pues sólo tiene 17 escaños en el Senado y 58 en la Cámara. Y en La Moneda saben que la Concertación bloqueará cualquier iniciativa que favorezca a ex militares.

No obstante, la Carta Fundamental ofrece una segunda alternativa: la facultad del Presidente. Pero este indulto sólo se puede invocar en términos particulares o "caso a caso".

Esta última fórmula puede implicar altos costos políticos. En 2005, Ricardo Lagos indultó al ex suboficial Manuel Contreras Donaire, lo que le causó roces con la entonces candidata Michelle Bachelet. En tanto, en la pasada campaña presidencial, una de las principales armas de la Alianza fue el indulto que en 1994 entregó Eduardo Frei al ex narcotraficante Angel Vargas.

En vista del escenario complejo, en La Moneda han optado por guardar silencio, a la espera de conocer la propuesta definitiva de la curia chilena, mientras algunos obispos han iniciado sondeos entre parlamentarios.


La crisis de la salud en Chile : La privatización a la orden del día

escrito por Andrés Figueroa Cornejo
 Entre 1952 y 1981, el sistema nacional de salud contaba con cobertura universal, gratuidad, y era completamente financiado por el Estado. En la madrugada de la década de los 80, en plena dictadura militar y promovido por José Piñera, hermano de Sebastián, Pinochet fragmentó el sistema sanitario, contrajo brutalmente la inversión pública en salud y creo los Institutos de Salud Previsional (Isapres).


DEL ORIGEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL A SU DESCALABRO

Después de la Segunda Guerra Mundial se originaron diversos sistemas de salud en todo el planeta con el objetivo de lograr la cohesión social y amortiguar la lucha de clases. En Francia, la Asamblea Consultiva Provisoria estableció el 5 de julio de 1945 que la seguridad social “responde a la preocupación de liberar a los trabajadores de la incertidumbre sobre el mañana (…) que, genera entre ellos, un sentimiento de inferioridad, fundamento de la distinción de clases entre los propietarios, seguros de sí mismos y de su futuro, y los trabajadores, sobre quienes pesa, en todo momento, la amenaza de la miseria”.

El principio escrito de “derecho a la salud para todos” condujo a la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ratificó en 1978. Claro está que como una muestra de buenas intenciones únicamente.


Ya en 1883, el canciller alemán Otto von Bismarck, sobre un modo de producción fundado en la industrialización generalizada y por razones militares, inauguró la seguridad social con el fin claro de garantizar obreros y trabajadores sanos para enfrentar las duras condiciones de las labores fabriles y se afectara lo menos posible el rendimiento del trabajo. También para contar con soldados duraderos. Sin embargo, lo que en un principio fue una medida tendiente a disciplinar y asegurar la producción y la ganancia capitalista, luego se constituyó en una conquista de los propios asalariados mediante la lucha social y política.

No obstante, las iniciativas y logros que cimentaron la seguridad social y la salud pública en buena parte de mundo, y, por tanto, las bases del llamado Estado de Bienestar, sufrieron una estratégica involución desde la década de los 80 del siglo XX. Tal es así, que en el informe de 2008 de la OMS se afirma que “las políticas de ajuste estructural -impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- han hecho tambalear seriamente el sistema de salud pública; la brecha entre la oferta de la atención privada y pública se profundizó.” Y añade que “la mercantilización no regulada de los sistemas de salud los hace muy ineficaces y muy caros; acentúa las desigualdades y lleva a una atención de calidad incluso hasta peligrosa”.


Ocurrió que los denominados "25 años dorados” del capitalismo habían llegado a su fin. Una violenta crisis de sobreproducción en los países centrales a principio de los 70 (asociada al precio del petróleo, energía madre de la economía mundial) comenzó a limitar paulatinamente las garantías sociales de los Estados europeos y de Estados Unidos con el objetivo de que el capital recuperara su tasa de ganancia. El mismo fenómeno dio pie a las privatizaciones de los recursos naturales, industria y derechos sociales, como la salud; y a la financiarización mundial. Ahora sólo el que puede pagar tiene la salud asegurada. El mercado sin cotos significa que se prestan los mejores servicios sanitarios al segmento social que pueda costearlo, y el sistema público –con menos recursos y que está obligado a atender a la mayoría de la gente- queda para todos los demás.

LAS ISAPRES

En Chile, un 73 % de de la gente pertenece al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), un 17 % a Isapres, y un 10 % a ninguno de los dos. Para Fonasa se descuenta el 7 % del cotizante, por planilla o voluntariamente, y para Isapres, como piso, un 7 %, pero en la realidad, sumando los co pagos, adicionales y otros, la administración privada cobra entre un 10 % a un 14 % del salario.

Según el Doctor en Economía, Camilo Cid, “cuando la contribución (o prima) está restringida a los que tienen recursos para pagarlas y no hay regulaciones del mercado privado (Isapres), se generan incentivos a la selección de riesgos.” Cid afirma que la selección de riesgos es un grave problema en Chile y causa inequidad en el acceso a la salud porque promueve la segmentación de los beneficiarios, atenta contra el principio de solidaridad y es socialmente ineficiente.
Con la selección, los planes que venden las Isapres (seguros privados) ajustan las primas según el costo esperado del individuo, y llegado el momento, el individuo no paga dicha prima y es expulsado de la isapre.


Camilo Cid concluye que está “demostrado que en un mercado competitivo de seguros de salud, sin regulación (como el chileno), las primas asociadas a riesgos serán altas para los adultos mayores, para enfermos, mujeres en edad fértil y familias numerosas, y menos caras para los jóvenes, los solteros y para las familias pequeñas.”

A las Isapres no les interesa atender a las personas de alto riesgo, como a los enfermos crónicos, gente con dolencias preexistentes y, naturalmente, a trabajadores de ingresos bajos y medios, o a pobres.

Para Chile, un sistema privado de salud que sólo se basa en la edad y el sexo (y no en las enfermedades reales, por ejemplo) no sirve, porque considera muy “pocos factores relevantes del paciente”, dice Cid.


En buenas cuentas, las Isapres son caras, poco eficientes, no hay libre elección (debido a las preexistencias o a los clientes cautivos por la edad), son discriminatorias y antisociales. Eso sí, resultan un excelente negocio para sus propietarios.

Como si no bastara, los altos co pagos y gastos de bolsillo de la población por atenciones médicas, en cualquiera de los dos sistemas, es de 33 % según la Superintendencia del sector.


LAS CARENCIAS

En 1979, el régimen militar, mediante un decreto ley, sentó las bases del actual Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). En 1980, la dictadura trasladó los consultorios primarios de salud a las municipalidades, entregándoles también su propiedad y bienes. Y junto con la creación de las Isapres, las medidas de Pinochet estuvieron orientadas a la privatización total del sistema de salud.

Recién el 2004 se estableció la Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión, AUGE, que creó un sistema de garantías explícitas de acceso financiado para una “canasta” que hoy cubre 56 enfermedades. No obstante, la reforma de la Concertación no innovó en relación a los consultorios de atención primaria, los cuales todavía dependen de los municipios. Ello se traduce en que la mayoría de las comunas del país, que son pobres, tienen una salud primaria deficiente. Asimismo, existe una abierta discriminación entre los pacientes AUGE y los no AUGE; y se ha revelado la falta de camas y de recursos humanos. De hecho, en la Atención Primaria de Salud falta el doble de médicos para cubrir la demanda; el 40 % de los doctores llega apenas al año en los consultorios públicos, y el 60 % no supera los 3 años de antigüedad.
Progresivamente, el mayor número de médicos del país se concentra fuera del sistema público. Y la tendencia se incrementa cuando los doctores se especializan.

Asimismo, existen significativas falencias en especialidades como Medicina Intensiva, Geriatría, Anestesiología, Imagenología, Oncología; y en los hospitales públicos se carece de, por lo menos, 600 enfermeras en las Unidades de Cuidados Intensivos.

En Chile hay 183 hospitales (59 de alta complejidad, 24 de mediana complejidad y 100 de baja complejidad); 7 centros de diagnóstico y tratamiento; 4 centros de referencia de salud; y 1.805 establecimientos en la atención primaria de salud. En materia hospitalaria, la Concertación terminó 14 hospitales, dejó 14 en etapa de ejecución de obras civiles; 8 en etapa de licitación de obras civiles; y 8 en etapa de desarrollo de proyectos.

En 2009 el número de camas disponibles era de 26.202 (2 por cada mil beneficiarios). Ahora bien, luego del terremoto del pasado 27 de febrero, 25 hospitales quedaron severamente dañados; 7.147 camas terminaron inutilizadas y otras 9.339 deben repararse.

En la actualidad, el sistema de salud público, parcialmente privatizado, atiende al 73 % de la población chilena, mientras la minoría (17 %) ocupa las privadas Isapres. El porcentaje restante corresponde a funcionarios de las FF.AA que tienen un sistema propio.

CHILE GASTA MUY POCO EN SALUD

De acuerdo al informe de la OMS de 2009, la inversión en salud de Chile cayó a 5,3 % del PIB en 2006 respecto del 6,2 % que registraba en 2000. Sin embargo, el promedio global es de un 8,7 %, y dentro de Latinoamérica, Chile está en el lugar doce, bajo Argentina y Nicaragua.

La mayor parte de la inversión pública sanitaria se explica por la inversión privada que retrocedió a 47,3 % de la inversión total, desde 51,3 % que comportaba a comienzos del milenio. La inversión privada corresponde a las Isapres que atienden a un 17 % de la población. Por el contrario, el aporte del gobierno a la inversión total en salud, aumentó desde 48,7 % a 52,7 % en el mismo período. Pero la inversión fiscal está destinada a atender al 73 % de toda la población. Además, los chilenos están distrayendo un promedio de 689 dólares al año al pago de exámenes, consultas, hospitalización y medicamentos –el promedio mundial es de 716 dólares-.


LOS TRABAJADORES

Según el presidente de los trabajadores de la salud, agremiados en la Confenats , Roberto Alarcón, los gobiernos de la Concertación , y en especial el de Ricardo Lagos, “Se resumió en meterle plata de todos los chilenos a los privados. También creó convenios para que se atiendan pacientes privados dentro de los hospitales públicos. Eso está ocurriendo ahora, más allá de las concesiones. Hoy la atención de salud ya está privatizada. Los médicos trabajan unas horas en los hospitales en la mañana, y todo lo que no alcanzan a hacer temprano, lo realizan en la tarde dentro del mismo hospital, pero con pacientes privados. Sus contratos son de 22 horas, no de 44 con el hospital público. Y el hospital presta toda la infraestructura y el equipamiento para el servicio a particulares.”

¿Y el Plan Auge?
“Los empresarios aplaudieron a Lagos por el famoso Plan Auge, porque la derecha sabe que el sistema público no está en condiciones de atender esa canasta de prestaciones debido a que los especialistas son los mismos en el sector público que en el privado. Además, como sólo las prestaciones Auge están financiadas, únicamente si la enfermedad de la persona esta en la canasta, se le atiende. Pero la persona cuya dolencia no está en el Auge, aunque llegue muriéndose, no se le atiende porque no le significa plata al hospital. Esa es la persona que lleva esperando dos o tres años para ser atendido (600 mil casos).”

¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales?
“Con la ley de 2009 los 56 hospitales de mayor complejidad (El Salvador, Barros Luco, Exequiel González, Félix Bulnes, Roberto del Río, San José y todos los hospitales cabecera de regiones) se deben autogestionar, es decir, se convirtieron en empresas. El director del hospital ahora es un gerente que debe cumplir con ciertas metas por las que es evaluado permanentemente. Entonces debe producir con los propios enfermos. Esa es su materia prima. Si no, se cierra el establecimiento. Ya la salud dejó de ser un derecho social.”


Roberto Alarcón enfatiza que el actual sistema de concesiones hospitalarias que comenzó con la Concertación , y que Piñera profundiza, aprovechando los efectos del terremoto, “no sólo es una cuestión de poner los ladrillos, sino que según la ley votada el 15 de enero de 2010, los privados pueden meterse en la administración de los hospitales. Es decir, los privados están facultados para hacer funcionar el hospital; contratar gente; vender servicios; decidir cuántas camas van a particulares y cuántas a pacientes públicos. Además las empresas exigen encargarse de los servicios de lavandería, alimentación, laboratorio, farmacia, etc. Y de ahí a que se tomen toda la parte clínica hay un paso. Eso es lo más delicado.”

El sistema de salud público en Chile está en riesgo desde hace tiempo. Sin embargo, ahora mismo vive horas cruciales con respecto a su sobrevivencia o su definitiva privatización.


¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales?
¿Y el Plan Auge?¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales?
¿Y el Plan Auge?¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales?
¿Y el Plan Auge?¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales?
CHILE GASTA MUY POCO EN SALUD¿Y el Plan Auge?¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales?
LAS CARENCIASCHILE GASTA MUY POCO EN SALUD¿Y el Plan Auge?¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales?
LAS ISAPRESLAS CARENCIASCHILE GASTA MUY POCO EN SALUD¿Y el Plan Auge?¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales?


domingo, 27 de junio de 2010

Indulto Bicentenario: Iglesia pretende incluir a presos por violaciones a los derechos humanos. Gobierno se complica y deberá zanjar si los aplicará o

El martes 13 de julio,el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se reunirá a debatir la agenda de la Iglesia. La tabla, como otras veces, ya está definida y cobrará especial relevancia para los cuatro obispos que asisten a los encuentros del comité, integrado por Alejandro Goic, Gonzalo Duarte, Ricardo Ezzati y Santiago Silva, además del cardenal Francisco Javier Errázuriz: ese día recibirán la propuesta final que le encargaran dos de sus hombres sobre el Indulto Bicentenario.

Fuente Cambio 21

Se trata de una iniciativa que busca otorgar beneficios a reclusos por motivos humanitarios, ya sea por su avanzada edad o por problemas de salud. Los estudios de la Iglesia comenzaron a fines de 2008 y sus líneas gruesas hoy ya están definidas. De hecho, los obispos contemplan aprobar el proyecto el mismo martes 13 y anunciarlo el viernes 16, para hacerlo calzar con las festividades por el Día de la Virgen del Carmen. Otra fecha que se baraja es el 15 de agosto, el Día de la Asunción de la Virgen.

En La Moneda ya están al tanto de que será una propuesta amplia y que, al menos hasta el viernes pasado, no distinguía a reos recluidos por delitos comunes o por violaciones a DD.HH. (en delitos menores y de baja connotación pública). El primer rango supone un total de 52.470 reclusos, y el gobierno está haciendo un catastro para definir quiénes optarán al indulto. El segundo ítem, en tanto, abarca a alrededor de 50 personas, aunque el proyecto establecería condiciones que reducirían el número de beneficiados: la cantidad de condenas cursadas y la gravedad de los delitos imputados.

La iniciativa, de todos modos, abre un espacio para otorgar el beneficio a militares y coloca en un difícil escenario a la administración de Sebastián Piñera, pues es el gobierno -a través de iniciativas legales- el que deberá zanjar si aplicará o no los indultos, caso a caso. La Iglesia ha comenzado a sensibilizar a parlamentarios con el tema. Hace un mes, por ejemplo, el obispo Pablo Lizama se contactó con el diputado Pedro Araya (PRI), quien es presidente de la Comisión de Constitución. Cercanos al ex DC dicen que Lizama le planteó que los indultos apuntan a dar una señal de unidad en el Bicentenario.

La iniciativa puede terminar convirtiéndose en la última intervención de Errázuriz en su cargo, que se extenderá hasta el segundo semestre de este año, por lo que en la Iglesia estiman que es importante para él.

Diversas fuentes de gobierno y eclesiásticas señalan que el vicario general de la Pastoral, Cristián Precht, ha tenido un rol central en la propuesta. Precht, quien entre 1976 y 1979 encabezó la Vicaría de la Solidaridad, ha realizado visitas en el último tiempo a Punta Peuco y al Penal Cordillera, donde están los militares condenados por causas de DD.HH. Cercanos al prelado señalan que siempre acude a dichos penales, pero niegan un papel protagónico en el tema.

Como sea, Precht señaló en marzo que "hay gente que está en la cárcel porque nunca los hemos perdonado: por delitos políticos, por DD.HH... ¿Seremos capaces como país de darnos la mano y empezar algo nuevo?".

En abril, durante una cita en La Moneda (en la foto), el obispo Goic y el cardenal Errázuriz le entregaron a Piñera la propuesta que elaboró la Iglesia en 2009 y le comunicaron que antes de festejarse el Bicentenario le harían llegar la copia definitiva.

El martes pasado, el Presidente también abordó el tema, esta vez con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: los dirigentes le pidieron vetar cualquier beneficio a militares condenados por causas de DD.HH. en el Indulto Bicentenario. Piñera les respondió que no podía rechazar o colocar condiciones al proyecto, argumentando que aún no lo conocía. A la salida, la agrupación planteó que el Mandatario representaba al "sector que violó los DD.HH. en Chile".

Piñera había tenido al menos dos intervenciones anteriores en el tema. Una fue el 16 de julio de 2009, cuando el indulto planteado por la Iglesia entró en la agenda política y -a raíz de una propuesta del timonel RN Carlos Larraín- surgió la posibilidad de incluir a militares en el indulto. "No hago diferencia entre si la persona es civil o militar. Las razones humanitarias que yo invoco son válidas para todos los seres humanos", dijo esa vez. Ya en La Moneda, el 13 de marzo, fue más cauto: no habló de indultos a uniformados y señaló que sólo estaba abierto a concederlos a personas con enfermedades terminales y de avanzada edad. "Frente a la delincuencia no vamos a tener ningún gesto de debilidad", añadió.

El énfasis en la seguridad pública no es el único flanco para un gobierno de centroderecha a la hora de apoyar la iniciativa. El indultar a militares, dice un ministro, "no es complejo por la cantidad de beneficiarios, sino por su simbolismo".

A días de que la Iglesia presente el proyecto, desde La Moneda instruyeron a todos los ministerios que intervendrán en el Indulto Bicentenario a "estar atentos" y recabar información. Al interior del gobierno, además, han surgido voces a favor de otorgar beneficios a ex uniformados en casos excepcionales.

En la Iglesia están conscientes de que el tema es complejo para Piñera. Más aún. Altas fuentes eclesiásticas señalan que el gobierno ha pedido a la Conferencia Episcopal que el proyecto sea bien explicado, con el fin de que la opinión pública comprenda que "los obispos no quieren misericordia con los delincuentes". Un ministro añade que la cautela de la administración piñerista apunta a que, en el caso de prosperar la iniciativa, quede establecido que la determinación de incluir a militares entre los benefiados es de la Iglesia. Y que no ha existido presiones o una negociación con el Ejecutivo.

Bajo esos diálogos cruzados, las FFAA y militares en retiro también han hecho llegar su inquietud al ministro de Defensa, Jaime Ravinet. El mensaje ha sido claro: esperan "clemencia". El último indulto fue en 2005, cuando el ex Presidente Ricardo Lagos conmutó la pena del suboficial (R) Manuel Contreras Donayre (condenado a ocho años de prisión por la muerte de Tucapel Jiménez). Fue un gesto al ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, quien separó a la figura de Augusto Pinochet de su institución y pagó costos internos al emprender una "transición" en materia de DD.HH.. La decisión de Lagos fue rechazada entonces en la Concertación, tal como lo fue el año pasado, cuando volvió a reflotar el tema.

Rogatoria pública de hija de Detenido Desaparecido al Papa, contra indulto propuesto por Errázuriz


por María Paz Venturelli (Roma, Italia)

Rogativa pública al Santo Padre de María Paz Venturelli, hija de Omar Venturelli preso político y desaparecido en la dictadura de Pinochet

Roma, 17 de junio de 2010: Santo Padre Soy María Paz Venturelli, a los dos años de edad perdí mi padre, desaparecido en la cárcel de Temuco en octubre de 1973, en Chile.Mi papá, Omar Venturelli era profesor de Pedagogía en la Universidad Católica de esa ciudad y su fé cristiana lo había conducido a la defensa de los derechos de los campesinos Mapuches que tienen una condición de vida miserable.

Desde niña, durante nuestro exilio en Italia, escuchábamos las canciones de la poetiza y cantautora Violeta Parra, ánima bellísima capaz de transformar en música Chile mismo. Había una canción que recitaba… “Qué dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que están degollando a su paloma?…” De niña no entendía el significado y la importancia que tienen sus palabras, Santo Padre, en la vida de tantos hombres y tantas mujeres, incluso en Chile, un país tan lejos de Roma.

En el mes marzo, con un solemne Te Deum, el Arzobispo de Santiago Cardenal Francisco Javier Errázuriz y otros obispos, pidieron al gobierno chileno un “indulto jubilar“ en ocasión de la celebración de los doscientos años del nacimiento de la República de Chile, firmada el 18 de septiembre de 1810. Estos prelados consideran que la petición, que perdonaría a muchos detenidos y entre estos, aquellos, muy pocos, que han sido condenados por crímenes contra la humanidad llevados a cabo durante los años de la sangrienta dictadura de Pinochet, constituiría un paso importante hacia la reconciliación del País.

Santo Padre, pienso que en Chile hay tantas palomas, son aquellas mujeres, aquellos hombres que han sobrevivido a aquellos terribles años, que han reconstruido las propias vidas con amor y que lloran al padre, al hijo, los hijos, la madre, el hermano llevando flores a una tumba o, como los más desafortunados, como yo, sin ni siquiera tener los restos de los propios seres queridos desaparecidos.

Estas palomas están esperando ansiosamente la paz que sólo la reconciliación puede dar. Esperamos con ansia el real arrepentimiento y la verdadera inspiración al perdón de los asesinos y poder salir de la pesadilla que han fabricado. Necesitamos la verdad, para reconocer nuestra historia y poder derramar nuestras lágrimas sobre los cuerpos que nos han ocultado. Necesitamos justicia para vivir una democracia fuerte y próspera.¿Puede la Iglesia chilena desgarrarse en un gesto que romperá todo esto? ¿Es realmente tan lejano Chile?

Mi rogatoria se dirige a usted, Santo Padre, para que se construya junto con las familias de las víctimas la paz duradera y la verdadera reconciliación. Si el indulto jubilar dejará libre a los verdugos de muchos, significará que la celebración del bicentenario de la democracia en Chile será una fiesta macabra para todos aquellos que han sufrido la violencia y que aún no han obtenido justicia, incluso en Roma. Digo esto porque en el aula donde se realiza el juicio por la desaparición de mi padre, presencia como acusado, Alfonso Podlech, que no muestra ninguna señal de arrepentimiento, al contrario, aprovecha cualquiera oportunidad para confirmar el espíritu arrogante y no reconciliado de quien ha sido opresor y considera que hizo lo justo.

Maria Paz Venturelli

* Fuente: Centro de las Mujeres de Temuco

De nadie más que de nosotros depende el futuro.

PULSO SINDICAL DEL 17 AL 26 DE JUNIO DE 2010




Soy de los que cree que Allende se merece mucho mas que ese montón de frescos oportunistas que van por la vida lucrando de su nombre, figura y obra. Merece mucho mas que homenajes artísticos u ofrendas florales frente a su tumba y/o a los monumentos y calles que están por ahí con su nombre.

Con el nombre de Allende en la boca algunos han negociado con los mismos que lo hostigaron durante su gobierno y provocaron el golpe. Otros, diciéndose también allendistas, abandonaron las ideas de cambio profundo y renunciaron a la lucha franca y abierta contra el capital. Si Allende viviera sin duda les habría dicho unas cuantas verdades, como que se puede negociar y buscar acuerdos pero que esto se hace de cara al pueblo y sin hipotecar las demandas populares.
Los que sentimos de verdad la enseñanza allendista de que al pueblo hay que tenerlo presente en todo aquello que se emprenda, no debemos desmayar y continuar trabajando para, luego de corregir las fallas que por cierto existieron, re elaborar la propuesta de esa sociedad mas justa y digna a la que aspiramos y difundirla por todos los lugares.

Es por esa sociedad en la que creemos, que ejercicios colectivos como el de la Universidad Popular que se desarrolla en Valparaíso deben ser conocidos por las organizaciones de trabajadores y promovidos entre dirigentes y socios de estas.

Se trata de conversar y discutir para ir juntos desarrollando la propuesta. Se trata de reunirnos y sacar algunas conclusiones desde esa diversidad de opiniones y propuestas, asumiendo que nadie es propietario de la verdad absoluta y que es una obligación de todos poner de nuestra parte para avanzar. Es nuestro pueblo el que espera.

Los trabajadores y sus organizaciones necesitan del apoyo y el aporte de profesionales clasistas, de jóvenes idealistas que no se entregan al mercado y que ven en la clase trabajadora el pilar fundamental para la construcción de la propuesta.

Entendiendo que para que se instale un proyecto de unidad sindical falta mucho tiempo, resolvimos hace algún tiempo en la CGT desarrollar nuestro trabajo en función de un Pliego Básico. Pliego que recogió demandas sentidas de los trabajadores en su diario vivir, pliego que aunque está muy lejos aún de las aspiraciones históricas del movimiento sindical, contiene puntos sensibles presentes en cada lugar donde se concentran trabajadores.

Lentamente se vienen instalando en los contratos colectivos que presentan nuestros sindicatos, demandas como hacer del descuento por el seguro de cesantía en la liquidación mensual y en los finiquitos, una obligación de la patronal. Corresponde a los trabajadores organizados comenzar a instalar en sus proyectos el término del pago de los finiquitos en cuotas y la doble indemnización en caso de despidos posteriores a la suscripción de un contrato colectivo.

Es posible y urgente exigir reajustes reales (aumentos por sobre el IPC de un período determinado). Así lo asumieron los trabajadores del Hotel Marbella en la V Región, quienes al igual que los sindicalizados del Hotel Valdivia en Santiago, han terminado su huelga luego de avances importantes en sus negociaciones.

Sin duda que un elemento importante y necesario de aplicar es aquel que indica que la huelga es un movimiento permanente, que no puede tener pausas, que implica estar las 24 horas del día en acción, ganándole al frío, al cansancio y también a la indiferencia de nuestros hermanos de clase.

Los trabajadores hoteleros, de Marbella y del Valdivia, recibieron muestras efectivas de solidaridad, no solo de los sindicatos que con ellos comparten día a día sino también de trabajadores que hacían un alto camino de su trabajo para entregar monedas, sopaipillas e incluso alimentos no perecibles Y sin embargo aún es insuficiente. No llegan todas las directivas y socios a entregar respaldo en terreno, es lenta la recolección de monedas y de víveres, no hay apoyo de los medios alternativos y muchas veces el conflicto queda radicado solo en la propia organización.

Los sindicatos deben sacar también lecciones después de la huelga, actuar mas ágilmente, participar junto a otros en el trabajo de engrandecer las organizaciones en las que participan así como difundir su movimiento para que otros vayan perdiendo el miedo. Hay que mostrar que si es posible peleársela y sacarle un trocito al capital. Mientras mayor y mejor sea la organización mayor será el logro a obtener. Es claro, sin trabajadores las empresas no funcionan. Somos lo más importante, solo falta convencernos de ello.

¿Cuantos de los que salieron a las calles y han estado horas y horas agitando banderas por un triunfo deportivo, se han tomado siquiera un minuto para apoyar con esos mismos gritos efusivos a sus hermanos que están en la calle exigiendo mejores condiciones de vida?. Queda la impresión que en esto de la baja en la participación y en la organización, gran responsabilidad tenemos los dirigentes. Es nuestro discurso el que no está llegando a los trabajadores?, son nuestras costumbres y hábitos propios de un sindicalismo en crisis lo que provoca rechazo y no adhesión?.

La critica debe ser clara y la autocrítica severa, solo eso hará que no se vuelvan a cometer errores. No resulta aceptable que nuestros dirigentes de base hayan dejado de asistir a una importante reunión porque “tenían que pagar horas ocupadas en ver un partido de futbol”. No es lógico que las asambleas y los encuentros se realicen al mínimo porque se está trabajando extra para disponer de horas e irse a la casa a sentarse ante la pantalla del televisor. Esto es tan repudiable como la practica patronal de negar el pago de horas extras o la entrega de los 2 domingos libres al mes.

No construiremos el proyecto para la nueva sociedad, si seguimos atados a lo que nos instaló el sistema.

Por eso y destacando también lo positivo, es que debemos saludar a nuestra compañeras dirigentas y socias de sindicatos que se mandaron una marcha hasta La Moneda el 23 de Junio para presentar por escrito su opinión respecto a lo que consideran vital para permitir el ingreso pleno de la mujer al trabajo. Es momento de exigir el cambio del inciso primero del articulo 203 de Código del Trabajo. No puede existir un mínimo de mujeres en una empresa para otorgar el beneficio de la sala cuna. Toda mujer que trabaje tiene derecho a exigir sala cuna para sus hijos menores.

Tenemos claro que estas presentaciones al gobierno no tendrán respuestas, pero las hacemos porque van forjando en la conciencia de los dirigentes y trabajadores el camino que se debe seguir. Educar en los derechos para que teniendo conciencia de los mismo se transformen en exigencia concreta y masiva. Nuestras compañeras han dado una lección de decisión y coraje y los dirigentes tiene la obligación de analizar este ejercicio de movilización y replicarlo.

De nadie más que de nosotros depende el futuro.



MANUEL AHUMADA LILLO
Presidente C.G.T.

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