La terrible historia de la joven chilena que fue detenida en un barco cuando llevaba ayuda a Palestina. Su padre fue ejecutado y calcinado por agentes de la dictadura. En el crimen también está involucrado Álvaro Corbalán

Fuente Cambio 21

La ciudadana sueca de origen chileno Kimberly Soto Aguayo, detenida en el ataque israelí a la flota que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, es hija de una víctima de la dictadura de Pinochet.

Su padre, Juan Ramón Soto Cerda, militante del Partido Socialista, fue asesinado por la policia secreta de Pinochet, la CNI, en noviembre de 1981, según consta en el Informe Rettig sobre violaciones a los derechos humanos elaborado en 1991.

Poco después del asesinato de su padre; su madre y su hermana menor se fueron a vivir exiliadas a Suecia, país que acogió a miles de víctimas de la dictadura chilena. Su madre, posteriormente falleció de cáncer.

Kymberly Soto fue dejada en libertad en las últimas horas en Israel. Es una cientista política que vive en Suecia y que salió de muy cortos años de nuestro país rumbo al país europeo, debido a la situación dramática que le tocó vivir. Allí se hizo ciudadana sueca, pero no olvida a Chile.
Hace sólo unos meses vino a nuestro país, para conocer el cierre de la causa del asesinato de su padre. He aquí la historia que vivió la pequeña Kimberly en dictadura...

Una noche aterradora

La noche del 10 de noviembre de 1981 es para la familia Soto Aguayo una jornada difícil de olvidar. Ese día bomberos de dos compañías acudieron tras avisarles de un gran incendio en un auto que había camino a Las Vizcachas justo frente de la casa del entonces ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, René Rojas Galdames.

A un lado de la calle, tres cuerpos yacían envueltos en llamas al interior de un automóvil. Un cuarto, ardía a pocos metros de la escena. Por un segundo los miembros de la tercera Compañía de Bomberos de Puente Alto y personal de la primera Compañía de la misma comuna se quedaron atónitos mirando el hecho. "Fue macabro, imagínate unos cuerpos quemándose, y viéndolos a través de las llamas. Además uno de ellos estaba decapitado. Palabras exactas no hay para describirlo", recuerda uno de los bomberos que después tuvo que tomar tratamiento sicológico.

En el momento en que se preparaban para apagar las llamas, el voluntario recuerda que un hombre armado de civil se los impidió. "Alto ahí", les dijo. Al principio, pensó que era una recomendación para evitar los estragos del fuego, pero luego se dio cuenta que no era así. Era un grupo de cinco hombres que portaban pistolas y ametralladoras. Tenían los rostros desencajados de ira y cercaban el lugar. Querían como que el fuego consumiera el auto con los seres humanos adentro.

En un acto desesperado, el jefe a cargo de las dos unidades de bomberos les dio la orden de apagar el fuego, pero ahora todo quedó claro. "¡Salgan de ahí, el que da las órdenes soy yo", respondió el sujeto que, quedó claro, era de la CNI, la policia secreta de Pinochet. Al instante, el resto de los agentes los apuntaron (a los bomberos) con sus ametralladoras y otras armas.

En la prensa pinochetista de la época, (que es la misma de hoy) la información indicaba que las personas que murieron al interior del automóvil eran los miristas Luis Pincheira y Jaime Cuevas; Juan Ramón Soto Cerda militante del Partido Socialista y un cuerpo que se atribuye al de Nelson Araneda pero que sigue sin identificar. A éste le faltaban la cabeza, piernas y manos.

La versión oficial, entonces, estableció que los supuestos subversivos se encontraban estacionados afuera de la casa del canciller Rojas Galdames con la presunta intención de realizar un atentado.
Obviamente este dramático hecho no fue cierto, ya que los fallecidos fueron elegidos al azar por la policia secreta de Pinochet para encubrir los crimenes de los cuatro jóvenes de izquierda, hecho de sangre que había ocurrido días antes u horas antes.
En sintesis, lo que ocurrió allí fue lo que se acostumbró a realizar en dictadura: un montaje criminal que fue apoyado por la prensa de la época como "un gran atentado que iba a ocurrir contra el canciller Rojas". Con cámaras de televisión, prensa escrita y radios pinochetistas y obviamente periodistas que nunca se cuestionaron lo que realmente había ocurrido ahí.

Tanto El Mercurio, La Tercera y La Segunda entregaron casi al unísono la siguiente información, obviamente entregada por los siniestros operadores comunicacionales de la dictadura: "En ese momento, una patrulla de la CNI pasó por el lugar y les pidió que se bajaran del automóvil. Pero se encontraron con una lluvia de balas en su contra. Sin otra posibilidad, los agentes dispararon en contra del automóvil que, debido a los disparos, explotó. Luego comenzó el incendio y los cuerpos se calcinaron". Un cuento de novelas que no requirió de esos medios de comunicación ninguna contrapregunta ni duda. Era la norma.

Se comienza a saber la verdad

La investigación del Juez Joaquín Billard ha mostrado avances notables. Paso a paso se ha ido acreditando que no se trató de un enfrentamiento, sino de una operación deliberadamente orquestada por la CNI, que no contaba con la libertad para actuar que tenía su predecesora, la DINA.

El caso es un emblema, ya que hasta ahora todos los montajes de la CNI, denominados por los organismos de derechos humanos "muertos por explosión", son parte de la larga lista de casos donde aún no hay convicción sobre la participación de agentes. Esto implica que no son reconocidos por el Estado como crímenes terroristas de la dictadura, siendo catalogados como accidentes atribuibles a otras causas. Se calculan que son 30 víctimas de un total de 20 episodios.

El fallo por el homicidio de Juan Soto, que se hizo público el 18 de marzo, se impuso una condena de primera instancia por doce años de prisión a dos ex agentes de la CNI, y seis años de cárcel para otros dos antiguos miembros del temible organismo represor de indefensos chilenos que eran apresados en la noche, habitualmente en horas del toque de queda.

Nuevamente Alvaro Corbalán

Una vez trasladados al Cuartel Borgoño, en Santiago, cerca de la estación Mapocho, los tres miristas asesinados fueron llevados hasta los calabozos. Ahí los liquidan. Ahí los matan. La declaración prestada por el radio operador de la CNI, Aladino Pereira, ayudó a determinar cómo el militante del PS, Juan Soto, se sumó al grupo de calcinados.

En su declaración, señala que el 8 de noviembre recibió una llamada de agentes operativos, quienes recién habían detenido a un militante del PS.
Y añade que cuando Álvaro Corbalán, jefe operativo de la CNI, se enteró de la noticia, le señaló: "Atento ese equipo, habla once cero cero, a ese huevón tráiganmelo para acá porque lo necesito para esta noche".

Pereira agrega que "durante todo el día diferentes agentes de la agrupación estuvieron preparando el vehículo con materiales incendiarios, tales como bencina, polvo de aluminio, etc". Corbalán está procesado por este y otros casos y purga una condena perpetua en Punta Peuco por el asesinato de un carpintero, crimen que se usó para encubrir otro macabro asesinato: el del dirigente sindical Tucapel Jiménez, padre del diputado del mismo nombre.

Otro dato fundamental, aportado por el radiooperador, es que el automóvil donde ardieron los militantes del MIR y del PS fue visto poco rato antes en el Cuartel Borgoño.

"Ese mismo día me enteré por la radio de Carabineros que dos sujetos armados habían robado un taxi marca Chevrolet Opala. Minutos más tarde veo que hizo ingreso al cuartel un automóvil de las mismas características del auto robado y me percaté de que se trataba del mismo vehículo, pues las patentes coincidían", relata. Según su testimonio, se bajaron del auto Francisco "El Gurka" Zúñiga y el agente Américo Correa. Zuñiga se suicidó en el año 85.

Alvaro Corbalán era el jefe operativo de la CNI y era el líder de los agentes antes nombrados.

Hace pocos días, Cambio21 conversó con Corvalán en su lecho de enfermo en el hospital Militar. "A nadie le importa como esté mi salud" dijo el mayor de Ejército en retiro, que tiene un cáncer a la tiroides y que algunas versiones señalan que incluso está perdiendo la visión de un ojo.

En el marco de esta causa el perito de Investigaciones, Gustavo Lynch, a cargo del peritaje balístico en 1981 declaró en la causa: "Las balas no causan una explosión. Yo creo que el vehículo fue rociado con algún tipo de combustible y luego se le prendió fuego directamente".

A toda la evidencia se agrega que aunque los agentes no reconocen que se trató de un crimen premeditado, varios ya han reconocido que estuvieron esa madrugada mientras el automóvil se quemaba.

Estos agentes fueron los que esa noche no dejaron a los bomberos que apagaran el fuego. La impotencia y la angustia de observar una escena tan horrenda provocaron en la mayoría de los voluntarios cambios que los acompañarían toda su vida.

El caso denominado como "los calcinados de Las Vizcachas" debería ser cerrado en las próximas semanas y a Corbalán le espera otra condena por graves violaciones a los derechos humanos.